Sergio Massa en su papel preferido, el árbitro del Estado

El gobierno de Macri, nunca tuvo en su agenda a las PyMEs, pero la urgencia por la discusión de la denominada ley «Antidespidos», obligó al ejecutivo a cambiar el eje de la discusión y lo metió en una encerrona que ahora logró reconvertir en un verdadero relato que promete fomentar a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero que en su articulado esconde beneficios que solo podrán capitalizar las grandes empresas que en este escenario recesivo todavía son «económicamente viables»

Luego que el presidente Macri anunciara en Casa Rosada, poco más de un mes atrás, una serie de beneficios para las PyMES, entidades representativas del sector como la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, que preside Eduardo Fernández, rápidamente recogieron el guante y aprovecharon para reflotar algunas iniciativas que venían impulsando desde hace tiempo, pero con escasa recepción en el gobierno.


la denominada ley de asistencia a las pymes que sancionará este miércoles el senado esconde una trampa que terminará por destruir a las empresas que dice fomentar


Existieron varias reuniones entre los referentes de este entramado productivo y el poder ejecutivo, también hubo varios encuentros con diferentes legisladores con el objetivo de instalar la Emergencia Mipyme. Los empresarios del sector avizoraban desde el inicio de la gestión macrista, que el rumbo de la economía neoliberal que propiciaba el oficialismo desembocaría necesariamente en una crisis terminal para las pymes y los más de 5 millones de trabajadores que se desempeñan en este tipo de empresa. No hubo mayor recepción sobre la iniciativa, pero sí empezaron a dar vuelta varios proyectos de ley para impulsar la actividad y evitar el cierre de miles y miles de empresas con la consecuente pérdida de empleo.

En este escenario asomó la cabezas Sergio Massa y su bloque legislativo como el impulsor de lo que hoy se conoce como la «ley de fomento a las pymes» y que ya tiene media sanción en diputados y ahora con dictamen favorable de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y MiPyMes, que preside el sanjuanino, Roberto Basualdo; la Cámara Alta se dispone a convertirla en ley, y con esta iniciativa en marcha se continua con el «nuevo relato macrista» que dice una cosa y por detrás hace otra.

Según se exalta desde el gobierno, este proyecto establece un incremento del 50 por ciento de la asistencia que se le otorga a las PyMes, mediante el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), para que puedan abonar los sueldos a sus empleados. Propone un aumento del 8 al 10% en el porcentaje de la inversión que se puede desgravar del Impuesto a las Ganancias, y elimina el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
Además, se busca que las micro y pequeñas empresas puedan desgravar el 100% y las medianas el 50% de la Ley del Cheque, como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias.
Por otro lado, de ser aprobado el proyecto, permitirá que las micro y pequeñas empresas paguen el impuesto al IVA a los 90 días de su facturación.
Así contado, parece una verdadera ayuda a este tipo de empresas que desde hace varios meses vienen sufriendo los embates de una economía cada vez más dormida, el flagelo de la apertura de importaciones y el impacto negativo que producen los aumentos en todos los costos de producción. Pero detrás de este enunciado se esconde un entramado de artículos que y cláusulas que sí propician la salvación de lo que el macrismo considera «empresas viables» y deja totalmente desahuciadas las más chicas que no tienen modo de surfear el desaguisado que viene implementando el gobierno Nacional en materia económica.
En una nota que se encuentra en desarrollo, Portal de Noticias, develará la trampa detrás de esta ley que no es mucho más que una serie de enunciados, declamaciones y discrecionalidad que no tendrá ningún impacto en el sector que dice proteger, sino todo lo contrario, terminará de destruirlo.
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