El gobierno le puso fin a la discusión que mantuvieron por seis meses el Ministerio de Agroindustria y la empresa Monsanto, por el control en el pago de la tecnología aplicada en la soja. Las quejas de la Casa Blanca, en Washington pesaron más que los intereses de los productores agropecuarios.
El control de los intereses de la multinacional finalmente recaerá en el Estado, quien tendrá el poder de policía y será el que analizará de forma aleatoria las muestras. Si el productor no informó el origen de su producto recibirá una multa. A partir de ahí los resultados que salgan positivos se publicarán y podrá ser tomado por los obtentores quienes reclamaran su pago. La medida estará vigente sólo para la campaña 2015/2016 y para el próximo año se espera la aprobación de una nueva ley que ingresará al Congreso en agosto.
Es que según Monsanto los productores que utilicen las semillas de la empresa y no hayan pagado las patentes correspondientes deben ser penalizados. Ahora es el propio Estado el que realizará los informes que den cuenta de esta cuestión para proteger el negocio millonario de la empresa.
“Ya me reuní con el presidente de la Cámara de Diputados (Emilio Monzó) que será por donde se presentará el proyecto”, adelantó el ministro Ricardo Buryaile en conferencia de prensa. Además aclaró “que nadie tendrá primacía sobre” la futura iniciativa. Respecto del espíritu de la misma señaló que “va a primar el cobro de la tecnología, la legalidad de la semilla, y se van preservar los derechos que tienen los productores”.
Agroindustria busca que el proyecto esté aprobado antes de que se inicie la siembra 2016-2017
Para el funcionario es importante que esté “sostenida entre todas las partes de tal forma que en el congreso no tenga ninguna modificación ni pueda ser objetada”.
Rechazo de chacareros Sin embargo, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Omar Príncipe destacó a este diario que su entidad elabora su propio proyecto que tendrá como leitmotiv “el rechazo en el pago de la regalía extendida”.
Al ser consultado sobre el acuerdo, Príncipe opinó que “es una instancia más de negociación del cual no participamos, pero nos parece favorable que se vaya conformando el Inase más todavía esperamos la resolución de la Secretaria de Comercio, la cual no ha avanzado nada”.
Entre los puntos importantes del acuerdo, se entiende que es el Instituto Nacional de Semillas (Inase) el que firmará un acuerdo con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires a través del sistema Bolsatech para que tomen las muestras y las envíen al organismo público quien luego dará la información para el cobro de la tecnología.
Desde el Inase, su presidente Raimundo Lavignolle relató que una de las formas de controlar será determinando la inconsistencia entre lo que se sembró y lo que se vende en el puerto. Lo cierto es que no se va a controlar a los 70.000 productores.
Hoy se sabe que el 80% del mercado está representando por el 25%, quienes son los agricultores de mayores hectáreas cultivadas.
