En un comunicado difundido desde el bloque de diputados que preside Héctor Recalde, expresaron su más enérgico repudio a la conducta de cualquier actual o ex funcionario público, con prescindencia de su pertenencia política, en cuanto a la tenencia de dinero no declarado, en el país o en el exterior.
Según manifestaron, «ello implica cuanto menos la comisión de los delitos de evasión, defraudación a la administración pública, enriquecimiento ilícito y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público.»
«Asimismo, el hecho ocurrido ayer y que es de público, notorio y escandaloso conocimiento, reafirma que resulta imprescindible que ante el inminente tratamiento de una ley de blanqueo de fondos no declarados, propuesta por el Gobierno Nacional, se excluya también en forma taxativa y expresa, no solo a los funcionarios públicos, sino también, y especialmente, a los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, primos) y cónyuge.»
Este hecho, sumado al escándalo internacional de los Panamá Papers y al de la denuncia también internacional de las cuentas del HSBC, exige que la transparencia no tenga color ni partido político.
Por último, los legisladores bregaron «por el accionar autónomo e independiente del Poder Judicial, esperando que actúe con celeridad y sin privilegios de ningún tipo.»
