Tras una reunión con los gobernadores provinciales, el Gobierno anunció que se fijará un tope de 500% a los aumentos de tarifas de gas para las “Pymes, comercios y hoteles”. También se establecieron medidas paliativas para empresas regionales en el esquema de “tarifa social” y descuentos a un grupo de empresas “electrointensivas”.
Los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Interior, Rogelio Frigerio expresaron que estas modificaciones significan el “reconocimiento de que hubo un error”.
Otro parche que no alivia la emergencia Mipyme
Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresaron que «el error de fondo, lamentablemente, persiste». Por una parte, no se contempla adecuadamente a los distintos sectores de actividad, con lo que el anuncio resulta confuso. Por otra parte, aceptar el cuadro tarifario impuesto, aún con estos topes y descuentos, sigue implicando la convalidación de un aumento desproporcionado en servicios públicos esenciales que significa cambio drástico para la estructura de costos de muchas empresas, lo que se traslada a toda la cadena de valor.
Es deseable que el Gobierno, para no persistir en el error y honrar la vocación dialoguista que dice sostener, convoque debidamente a audiencias públicas en las que participen todos los sectores involucrados, a fin de establecer un cuadro tarifario acorde con criterios razonables de segmentación, rubro de actividad y equidad distributiva.
APYME advierte que esta dinámica de “ensayo y error” por parte del Poder Ejecutivo no hace más que agudizar una situación de incertidumbre y riesgo generalizados para decenas de miles de Mipymes que continúan en emergencia.
Estas empresas padecen un efecto de “pinzas” devastador: los aumentos de tarifas se suman a aumentos en insumos difundidos tras la megadevaluación y la quita de retenciones a exportadores. Al mismo tiempo, la caída del poder adquisitivo, los despidos y las importaciones indiscriminadas destruyen el mercado interno y amenazan a sectores productivos locales.
En este marco, la AFIP se ha negado a restablecer planes de facilidades, y el crédito bancario sigue siendo inaccesible para la mayor parte del sector.
Desde APYME instamos a las autoridades nacionales a que reconozcan la emergencia y actúen consecuentemente, estableciendo reglas de juego claras para todos los sectores del trabajo y la producción, no sólo para las cúpulas empresarias concentradas. Es preciso fomentar el desempeño del conjunto del entramado productivo nacional, verdadero motor del crecimiento con equidad y justicia social.