Diego Bossio, Bloque Justicialista

En la Cámara de Diputados, donde ninguna bancada tiene mayoría propia, en el kirchnerismo, el Bloque Peronista y el Frente Renovador especulaban con apoyar en general la norma y ponen la lupa sobre el financiamiento en la votación en particular.

En la Casa Rosada se anticiparon a la jugada y optaron por incluir en un sólo proyecto el pago a los jubilados alcanzados por los fallos de la Corte y el blanqueo y/o repatriación de capitales, que se usarían en parte para cancelar esa deuda.

Si la oposición lo respalda en general y hace modificaciones en el articulado, Macri podría promulgarlo parcialmente con nuevos retoques en la reglamentación y dejar todo en paz. Pero aún es una especulación lejana porque el texto aún no apareció.


“No sabemos aún cuanto vulneró el FGS la devaluación de diciembre y el aumento de la inflación”, Díaz Roig


El trascendido que cobró mas fuerza en los pasillos del palacio legislativo es que el proyecto entraría por la Cámara Alta para que tenga dictamen el 8 de junio y se trate el 15, cuando el Gobierno confía en avalar a los jueces de la Corte Suprema.

Macri confía en que los gobernadores instruirán a sus senadores para que acompañen la iniciativa, y la confianza del presidente reside en el reciente acuerdo por los fondos coparticipables, carta de cambio que todavía no capitalizó en la práctica.

En Diputados el clima es más complicado, porque abundan especialistas previsionales y todos tienen más dudas que certezas.

“Esta es una ley de encuesta”, ironizó Diego Bossio, diputado del Bloque Justicialista y director de la Anses hasta diciembre, en referencia a la especulación política que rodea el anuncio. Así y todo, Bossio dejó claro que apoyará el resarcimiento a los jubilados que disponga el Gobierno, negado durante su gestión.

“Cuando uno es gobierno establece prioridades. Para nosotros fueron las jubilaciones mínimas y la ampliación de la cobertura. Por eso apelábamos estos juicios”, señalo en declaraciones a la prensa.

 Sin el proyecto de ley presentado, el financiamiento es un verdadero misterio. El Gobierno adelantó que utilizarrá el flujo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, es decir, sus utilidades.

Alrededor del 10% son activos de empresas privadas, que el Gobierno no termina de confirmar si venderá o no, aunque Prat Gay adelantó que dentro del proyecto está la derogación de la ley que prohibe la venta de esos activos.

El resto son bonos del tesoro u otros activos financieros y Macri podría echar mano usando las facultades que le dio el decreto que creó la Asignación Universal Por Hijo.

“Nosotros preferimos no tocar el FGS porque un sistema previsional siempre tiene fondos de garantías. Como se hacían aportes al tesoro, si Anses tenía déficit lo completábamos con rentas generales”, explicó Bossio.

Y anticipó que se negará de plano a vender las acciones en empresas. “Yo voy a votar en contra de vender las acciones en empresas. Son el mejor activo de Anses y por eso hay tantos interesados. Sería un paso peligroso porque se iniciaría una privatización”, alertó.

El diputado del Frente para la Victoria Juan Carlos Díaz Roig, histórico experto en temas previsionales, presentó ayer un pedido de informes al Gobierno para conocer el estado financiero del FGS, que desde diciembre dejó de informarse al Congreso.  Su último saldo  es de $ 770.000 millones, con utilidades líquidas entre 70.000 y 90.000 millones anuales.

Como nunca se conformó la bicameral de seguimiento, Luis Blaquier, presidente del FGS, jamás explicó si esos activos siguen intactos tras los sobresaltos económicos del último semestre.

“No sabemos aún cuanto vulneró el FGS la devaluación de diciembre y el aumento de la inflación”, sostuvo Díaz Roig.

Las 50 mil sentencias que van a pagar ya están previstas en el presupuesto, o sea, fue un anuncio innecesario. También prometieron pagarle a los que iniciaron juicio y no llegaron a sentencia, que el gobierno calcula en 250 mil, pero existe un interrogante: la estadística indica que entre el 16 y 25% de los litigantes pierde el juicio porque su reclamo era inválido.

“Si ahora la justicia no va a determinar cuántos de los juicios pendientes se ajustan a derecho, queremos saber qué organismo lo hará. Pagar por las dudas es mucho dinero”, planteó Díaz Roig.

Encima, a esos 250 mil se les reconocería un pago retroactivo a 4 años y se trata en mayor parte de jubilaciones altas, algunas que pueden llegar a 100 mil pesos mensuales con las costas judiciales.

Menos claro está cómo se resarcirá a quienes nunca fueron a Tribunales y puedan ser alcanzados por los beneficios del fallo Badaro (donde la Corte sostuvo entre 2002 y 2006 los jubilados no habían sido tratados con igualdad) y Ediff (que cuestiona el cálculo a la hora de pagar). Serían casi 2 millones de ancianos.

Según el anuncio de Macri, deberán adherirse a un “programa” y firmar un convenio judicial para obtener el aporte, aunque sin retroactividad. «Hay que estudiar bien caso por caso, porque cada jubilado es una historia de vida».

Además de marcar el final de la moratoria, la pensión a la vejez, que alcanza el 80% de la mínima, esconde una trampa: es a los mayores de 65 años, aun cuando las mujeres se jubilan a los 60. Tal vez anticipe una reforma de fondo que se viene y no sea tan festiva.

Otro punto de conflicto son los jubilados que no estén alcanzados por la medida y quieran litigar, como los 3 millones y medio beneficiarios de las moratorias y los autónomos.

“Cuando Cristina Kirchner vetó el 82% móvil nos explicó que era inviable por lo que se había ampliado la cobertura y todos buscarían reclamar”, recordó Díaz Roig.

Mirta Tundis, diputada del Frente Renovador, que pasó gran parte de la tarde comentando el anuncio con Sergio Massa, alertó sobre lo pobres que quedarán las jubilaciones mínimas y pidió llevarlas a 7000, al margen de la actualización semestral que se hace por ley.

De lo contrario, este grupo quedaría en desventaja respecto a los que pasearon por los tribunales. Es lo que pasa cuando se empiezan a dar derechos: un error puede ser motivo de otro litigio y la rueda sigue girando.

Tundis recordó que cancelar la deuda con los jubilados fue una de las propuestas de Massa en la campaña, pero confesó que sin el proyecto no puede aventurar hipótesis. “Por ahora es sólo un paquete de medidas con encabezamientos importantes”.

 

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