El Gobierno anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto de ley para cancelar las deudas por los juicios previsionales y establecer un reajuste automático de los haberes. La medida beneficiaría a unos 2,5 millones de jubilados que actualmente están cobrando menos de lo que les corresponde. La mejora en sus haberes sería de entre 35 y 45 por ciento a partir de una actualización basada en la movilidad dispuesta en los fallos Badaro y Elliff.
Para quienes hayan iniciado juicio y tengan sentencia, los haberes retroactivos se pagarán en dos partes, 50 por ciento al contado y el resto en cuotas que se irán actualizando por movilidad, mientras que los que hayan iniciado juicio pero aún no tengan sentencia podrán cobrar hasta un máximo de 48 meses retroactivos, también mitad al contado y mitad en cuotas. El costo fiscal anual sólo para el pago de juicio rondará los 75.000 millones de pesos. El gobierno espera conseguir los recursos del stock obtenido por el impuesto que se aplique sobre el blanqueo de capitales (ver página 3) y del flujo de utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Además, no se descarta la posibilidad de que el gobierno de Mauricio Macri disponga vender las acciones en poder del FGS en caso de que el flujo de ingresos a la Anses no permita solventar los desembolsos. De hecho, el proyecto prevé la venta de esas participaciones societarias.
“Con este instrumento que estamos enviando al Congreso buscamos reparar años de injusticia porque nos encontramos con muchas situaciones”, sostuvo Macri durante el anuncio de un paquete de medidas que también incluye un blanqueo y una pensión a la vejez.
El acto se realizó en el Centro Cultural Julián Centeya en el barrio de San Cristóbal. “La ley busca resolver todas las situaciones. En primer lugar, aquellos que hoy no están cobrando lo que corresponde, que se le ajusten los haberes, estén o no en trámite judicial. Y aquellos que están en trámite con sentencia firme cobren lo que les corresponde retroactivamente. Y quienes no están en trámite judicial comiencen cobrando lo que les corresponde”, precisó Macri. “Espero que el Congreso se ocupe en tiempo récord”, agregó.
El Haber
La iniciativa oficial contempla el pago de juicios previsionales que unos 300.000 jubilados iniciaron contra el Estado para que sus haberes sean reajustados y cancelar cualquier eventual diferencia de aquellos que aún no presentaron demandas. Si se toman en cuenta ambos universos, el beneficio alcanzaría a unos 2,5 millones de jubilados y pensionados, quienes recibirían un incremento del 45 por ciento. La intención es que se vayan ajustando a un ritmo de 100.000 haberes por mes. Para los que no tienen sentencia firme el incremento será de 35 por ciento, según explicó titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, en una rueda de prensa organizada tras el anuncio oficial.
A los jubilados con sentencia firme se le pagarán los haberes retroactivos en dos partes, la mitad al contado y el resto en cuotas cuatrimestrales que se irán actualizando por movilidad. Según explicaron desde la Anses, para el cálculo de la movilidad el gobierno tomó en cuenta no sólo los fallos Badaro y Elliff, sino también Sánchez y Monzó, todos ellos de la Corte Suprema de Justicia, que juntos “comprenden la inmensa mayoría de los casos en litigio”. Según fuentes oficiales, existen 50 mil jubilados con sentencia firme. A los que están en juicio pero sin sentencia, se les pagará un retroactivo de hasta 48 meses. El costo fiscal del pago de los juicios a la Anses será de 75.000 millones de pesos anuales.
Por su parte, todos los jubilados que estén cobrando menos de lo que les corresponde y se incorporen al programa podrán actualizar sus haberes. El ingreso es voluntario y debe realizarse a través de un acuerdo homologado por la Justicia entre cada jubilado y la Anses. En ese acuerdo el jubilado o pensionado debe dar por finalizados los juicios o comprometerse a no iniciar uno. Para los que se jubilen a partir de ahora se firma un decreto corrigiendo la manera en la que la Anses actualiza las remuneraciones. El decreto cambia los coeficientes que permiten calcular el primer haber del jubilado de acuerdo a lo que señaló la Corte Suprema de Justicia (ver aparte). Si el jubilado que había iniciado juicio murió, se le ajustará la pensión que cobra su viudo o viuda.
Para los que no están jubilados la actualización será automática y para los que ya están en el sistema se realizará a través de un acuerdo con la Anses. Los que tienen una jubilación por moratoria no entran en el plan anunciado. El programa se extenderá durante tres años y será prorrogable por otros tres. Los jubilados que no adhieran al plan voluntario seguirán cobrando lo que hoy cobran y si están en juicio, una vez que concluya la Anses acatará la sentencia. En cuanto al cronograma de pago, se habilitará un orden de prelación dando prioridad a los mayores de 80 años y personas con enfermedad.
El Debe
El gobierno afirmó que el pago de este beneficio será afrontado con lo que se obtenga por lo recaudado con el impuesto al blanqueo de capitales y con las utilidades del FGS. “Esta medida sirve para seguir adelante en un programa de crecimiento que nos permitirá ordenar el desorden que recibimos”, dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, en conferencia de prensa.
La expectativa del macrismo es que ingresaría un mínimo de 20.000 millones de dólares en concepto de exteriorización de capitales, sobre los cuales cobrará un penalidad de entre 10 y 15 por ciento. Esto implica que en el mejor de los escenarios posibles, el gobierno contará con un stock –monto fijo por única vez– de 3000 millones de dólares (equivalente a unos 43 mil millones de pesos). A esto se sumaría la percepción por las utilidades del FGS. Este fondo, que tiene en cartera títulos públicos, acciones, plazos fijos e inversiones en el sector real, arrojó una ganancia de 75.000 millones de pesos el año pasado y este año podría rondar en unos 110.000 millones de pesos.
Sin embargo, la cesión del 15 por ciento coparticipable por decisión de la Corte Suprema para las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis y los menores ingresos por una menor masa salarial podría requerir de otras fuentes de financiamiento. Hasta el año pasado, la diferencia entre los ingresos y egresos de la Anses se cubrían con fondos transferidos por el Ministerio de Economía para evitar utilizar el ahorro del FGS. Basavilvaso reconoció que el proyecto de ley ómnibus habilita también la venta de acciones de la Anses en empresas privadas, aunque aclaró que no se utilizará esa operación para el pago de los juicios ni la actualización de los haberes. “No es necesario salir a vender las acciones, tenemos los ingresos para empezar a hacer los pagos”, sostuvo el ministro, aunque Basavilbaso explicó que “se flexibilizará la norma –que impide la venta de acciones sin acuerdo del Congreso– porque puede pasar que de aquí a unos años sí tengamos que vender una acción”.
