Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2015 y marzo de este año hubo 141.542 despidos. De ese total de despidos, el 52% correspondió a trabajadores del ámbito privado y el 48% restante a empleados del Estado.
Estos datos dan por tierra las afirmaciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que aseguraron que el país no está «en proceso de destrucción de empleo, ni en una situación de emergencia» y que ya existe un «crecimiento» en la cantidad de puestos de trabajo del sector privado, principalmente en las áreas de comercio y servicios.
Los autores del informe especificaron que el relevamiento fue realizado en base a la información publicada por “medios periodísticos y de sindicatos y cámaras empresarias”, ya que “la reciente ola de despidos no cuenta con cifras oficiales ni con relevamientos que resulten completos, consistentes y veraces”.
Cifras para la preocupación
En el análisis que hace el CEPA se manifiesta que los trabajadores más afectados por los despidos fueron los de menor calificación y los precarizados. “De los 80.446 despidos en el sector privado, 71,88% corresponde al sector construcción, 23,40% a industria y 4,72% al sector servicios”, detallaron. A su vez, en el sector público las cesantías se repartieron entre dos grandes áreas: el Estado nacional (38,28%) y las provincias (48,56%).
Para el CEPA, que se haya llegado a más de 140 mil trabajadores despedidos en cuatro meses es un dato “que no sólo configura una problemática social, sino que además incide negativamente en la actividad económica”, con un impacto “que se complementa con las negociaciones paritarias por debajo de la inflación”.
El estudio advierte además que “la Unión Industrial Argentina declaró que en el primer semestre del año es posible que el sector industrial pierda entre 100 mil y 200 mil empleos”, y que la “revisión” de los estatales empleados mediante contratos todavía no terminó. Por esto, señalan, “lejos de haberse estabilizado, el nivel de desempleo presenta un dinamismo al que deberá prestarse significativa y constante atención”.
Últimos movimientos bonaerenses
La paralización de la planta nuclear de Atucha en Zárate se cobró 2.400 fuentes de trabajo, luego de que culminara la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo a mediados de abril. Para tener una dimensión de lo que implicó esta medida, hay que destacar que Zárate tiene, según el censo 2010, unos 115 mil habitantes. En ese contexto, la cantidad de despidos representa el 2% de la población total del municipio.
Por otra parte, esta semana trascendió que unos 15 trabajadores de la planta siderúrgica de Tenaris Siat en la localidad bonaerense de Valentín Alsina fueron despedidos. “Las copias de los telegramas que nos mostró la escribana dice que los despidos son sin causa”, dijo un operario despedido y agregó que “hace menos de un mes terminamos de producir los caños para el Gasoducto del Noroeste Argentino. Trabajo tenemos y cuando faltó trabajo arreglamos suspensiones de tareas por el 85% del sueldo. Ahora eso no ocurrió”.
En medio de este proceso de incertidumbre, senadores y diputados provinciales del Frente para la Victoria (FPV) impulsaron un proyecto de ley para declarar la emergencia laboral e impedir despidos por el término de un año en territorio bonaerense. La iniciativa, atiende el reclamo de los 55 intendentes del FPV e intendentes aliados, que ya advirtieron sobre la pérdida de fuentes de trabajo.
«No podemos volver al trueque», dijo el intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro. Este alcalde confirmó que 15 locales comerciales cerraron sus puertas la última semana, luego de los despidos en Atucha. Por su parte, el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra manifestó que «el ajuste siempre corta el hilo más delgado, que son los trabajadores». Dicho alcalde dijo que 250 fuentes laborales ligadas a la industria automotriz de ese distrito se encuentran en riesgo.
El diputado Marcelo Torres destacó que «los tarifazos, la devaluación y la apertura indiscriminada de las importaciones generan el cierre de fábricas, por lo cual estamos viviendo una situación de emergencia con miles de familias que quedan en la calle: el Estado debe tomar medidas urgentes para impedirlo».
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