El Estado argentino dejará de integrar Telesur, la señal multiestatal de noticias latinoamericana que se emite desde Caracas. Por decisión del nuevo gobierno de Mauricio Macri, y tras analizarlo jurídicamente, el país decidió abandonar La Nueva Televisión del Sur C.A., la compañía estatal de la que Argentina posee el 16% de las acciones e integrada junto a Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Uruguay.

Esta decisión da por tierra el discurso del gobierno respecto de la libertad de prensa y la pluralidad de voces. Telesur es una señal de corte popular y pro Patri Grande, y el el actual gobierno no parece ver con buenos ojos esa línea editorial.

Hernán Lombardi, titular del Sistema de Medios Públicos
Hernán Lombardi, titular del Sistema de Medios Públicos

Según informó el diario La Nación, el ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, confirmaron que «acordaron iniciar el trámite correspondiente para dar por finalizada la participación del Estado Argentino en Telesur» y notificaron de esa decisión a la Canciller Susana Malcorra.

Tras esta decisión del gobierno, Telesur dejará de emitirse en la plataforma estatal televisión digital abierta, que llega a más del 80% de los habitantes, y también dejaría de ser obligatoria su inclusión en las grillas de los sistemas de cable del país. Además, se cerraría la sucursal de la emisora en Buenos Aires, donde trabajaban unas diez personas.

El grupo Clarín. un adelantado en esta materia, ya había eliminado a esta señal de noticias, de la grilla del abono básico de su operadora de cable, Cablevisión.

«Nuestro país no tenía ninguna injerencia en los contenidos de la señal ni en su gerenciamiento. Esta determinación va en línea con lo que nos hemos propuesto para los medios públicos en términos de pluralismo y austeridad», sostuvo el ministro Lombardi.

Según el acta fundacional, el convenio tenía una duración de cinco años desde la fecha de su firma y ese plazo se prorrogaría automáticamente por iguales períodos a menos que una de las partes notifique a la otra, por escrito y por vía diplomática, por lo menos seis meses antes de la fecha de vencimiento, su intención de darlo por terminado.

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