Tras la deserción de Urquiza en Pavón, Bartolomé Mitre se hizo cargo provisoriamente del Poder Ejecutivo Nacional, para posteriormente de obtener el triunfo en las elecciones generales, asumió formalmente la presidencia de la República el 12 de octubre de 1862.
Su primer objetivo fue remover las autoridades provinciales federales para garantizar la subordinación de todo el país al modelo de integración que se sujetaba a su vez al capital británico. En ese entonces ante la sumisión de muchos, hubo caudillos locales que lo enfrentaron, conscientes de la disparidad de fuerza pero preferían “morir de pie que vivir de rodillas” Desde Córdoba, foco liberal del interior del país, el ejército mitrista avanzó sobre otras provincias — Mendoza, San Juan, San Luis, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Salta— donde fueron desalojados los gobernadores federales.
En 1863 el Coronel Angel Vicente “Chacho” Peñaloza encabeza a hombres y mujeres de las provincias del oeste y norte del país y le escribe al presidente Mitre: “…el verme rodeado de miles de argentinos que me piden exija el cumplimiento de esas promesas, me han hecho ponerme al frente de mis compatriotas y he ceñido nuevamente la espada, que había colgado después de los tratados con los agentes de V.E. No es mi propósito reaccionar al país para medrar por la influencia de las armas, ni ganar laureles que no ambiciono. Es mi deber el que me obliga a sostener los principios y corresponder hasta con el sacrificio de mi vida a la confianza depositada en mí por los pueblos”.
Derrotado en la dispar contienda de lanzas contra fusiles automáticos, es perseguido hasta su casa y asesinado por el ejército mitrista. La muerte de Peñaloza no aseguró la paz en el interior, la intimidación que ejerció el gobierno nacional durante esa época no hizo más que acrecentar el odio en las provincias. Mitre deseoso de imponer la lógica del libre mercado extendió su garras al Paraguay que era la única nación de América Latina que no tenía deuda externa porque le bastaban sus recursos, basado en una importante industria e infraestructura portuaria, ferroviaria y productiva. Mitre, igual que Prat Gay que dijo el 16 de diciembre de 2016 que en tres o cuatro semanas ingresarían al país entre 15.000 a 20.000 millones de dólares, sostuvo: “En 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en Asunción».
Pero lo cierto es que la guerra duró casi cinco años, y le costó a la Argentina más de 50.000 muertos. Sin embargo, benefició a comerciantes y ganaderos porteños y entrerrianos cercanos al poder, que hicieron grandes negocios abasteciendo a las tropas aliadas, o como lo explicara el mismo Mitre: «En la guerra del Paraguay ha triunfado no sólo la República Argentina sino también los grandes principios del libre cambio (…) Cuando nuestros guerreros vuelvan de su campaña, podrá el comercio ver inscripto en sus banderas victoriosas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado”. Frase rimbombante y cobarde comparable a que no existe Plan “B” con los buitres y que el único camino es acatar los requerimientos de la justicia norteamericana. Lo más sano y digno del país se opuso férreamente a los designios mitrista y al libre cambio, Felipe Varela sostiene: “Ser porteño es ser ciudadano exclusivista y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos. Esta es la política del gobierno de Mitre.
Soldados Federales, nuestro programa es la práctica estricta de la Constitución jurada, el orden común, la amistad con el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas». A pesar de contar con un importante apoyo popular, Varela fue derrotado por las fuerzas nacionales en 1867. Al terminar su mandato, Mitre había logrado su propósito de dejar estructurada una Argentina políticamente liberal y dependiente del capital internacional, no otra cosa pretende el gobierno actual (como en su momento lo hicieron todas las catervas conservadoras hasta 1916 que asumió la primer vez Hipólito Yrigoyen, y fueron los objetivos de los golpes militares de 1930, 1955, y 1976, que incluso continuaron los gobierno democráticos como los de Menem y De la Rúa) y para ello se valen principalmente del endeudamiento.
El origen y objetivo de la deuda no es solo el negocio rentístico y facilitar altas tasas de retornos a los acreedores y sus socios, sino también, como trasfondo, el de constituir un modelo dependiente del capital financiero internacional, con determinados segmentos que se desarrollan en el país. La deuda sirve como anestesia al principio, pero después es una brutal trampa cuando hay que pagar los servicios de la misma.
La crisis del año 2001 se originó porque, ya en marzo de ese año, el Gobierno nacional no podría pagar ni siquiera los intereses. La cuenta era simple: La Argentina exportaba unos 28.000 millones de dólares por año y, sólo los intereses, eran, anualmente, casi el 60% de los ingresos de divisas. Así, el gobierno interino, el 23 de diciembre de 2001, tan sólo formalizó la cesación de pagos. Hasta 2005 la Argentina estuvo en cesación de pagos. No obstante, antes, el gobierno de Duhalde tuvo que aumentar la deuda para hacer frente a los depósitos en dólares que los bancos no pudieron devolver, a la conversión de las cuasi monedas provinciales y, además, se acumularon los intereses de la deuda impaga mencionada.
A fin de 2004 la deuda ya era de 191.000 millones de dólares. Merced a los dos canjes de deuda de los años 2005 y 2010, la misma se redujo drásticamente, de manera tal que según afirma Roberto Lavagna, que participó en la primera negociación bajo las órdenes de Néstor Kirchner, “Para resolver 90 mil millones de dólares, se emitieron 35 mil. Ahora, para resolver menos de 5 mil millones, se emiten 12.500 millones”. Ya en su momento Mauricio Macri no mintió (debe haber sido en lo único) y dijo que había que cumplir con la sentencia del Juez Griesa y pagarle el 100% a los “hold out”, como se los denomina a los fondos buitres.
Tanto su ministro de Hacienda y Finanzas como el Secretario de finanzas, dos ex empleados jerárquicos del JP Morgan, se abocaron desde el primer día de su designación (y aún antes en forma oficiosa) a acordar con los tenedores de los títulos que no habían ingresado a los dos canjes del gobierno de los Kirchner, de allí que: Primero: Logran acordar con los bonistas principalmente italianos reunidos en el denominado Task Force Argentina (Fuerza de Tareas Argentina), que nuclea a un grupo de acreedores externos, el acuerdo estipula un pago al contado del 150 por ciento del capital original, equivalente a 1.350 millones de dólares. Segundo: Se reúnen con el representante del juez y mediador, Daniel Pollack, quién fue el que anunció que las partes alcanzaron un principio de acuerdo por una suma de 4.635 millones de dólares, que deberá ser abonada en efectivo antes del 14 de abril 2016 al mediodía, hora de Nueva York, plazo extensible con previa conformidad de las partes, y está sujeto a que el Congreso Nacional lo apruebe y que se levanten las denominadas “Ley Cerrojo, la “Ley de Pago Soberano”, y la ley 27.207/2015 por la que la Argentina debe cumplir la decisión de las Naciones Unidas, los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la deuda, que sostiene que todo Estado tiene derecho a reestructurar su deuda sin sufrir medidas abusivas y que se debe respetar su inmunidad soberana. El dinero provendrá de una nueva colocación de títulos de deuda por parte de nuestro país, que Prat Gay dijo por hasta 11.684 millones de dólares, pero para ello se necesita que la justicia norteamericana levante las cautelares que impiden la colocación de bonos y el pago a los tenedores.
Esos 11.684 millones de dólares que acrecientan la deuda externa Argentina y que se emplea para pagar a los fondos buitres se compondrá de tres series de títulos públicos con vencimientos a 5, 10 y 30 años y una tasa de interés de entre el 7 y 7,5 por ciento anual en dólares. Lo único cierto es que no se sabe como los fondos que reclaman se “hicieron” de los títulos de deuda, ni a cuanto lo pagaron.
Tampoco se sabe a ciencia cierta como de un capital nominal adeudado de U$s 2.680 Millones (U$s 1.330 de los Fondos Buitres y U$s 1350 millones de la deuda con los bonistas principalmente italianos) para cancelarlos debemos endeudamos por U$s 11.684 millones (4,3 veces más). Las cuentas poco claras, sumado a que nadie puede asegurar que los que entraron en los canjes de los años 2005 y 2010 puedan argüir que no se cumple igual trato y accionen contra la Argentina (no se cumple el pari passu para ellos que sufrieron una quita y cobran en plazo, con respecto a los buitres que cobran 13 veces más y en efectivo y al contado), a lo que se le agrega que queda un tercio de los fondos buitres que no entran en este nuevo canje propuesto por el gobierno de Macri, y por último, el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que deja en suspenso el levantamiento del bloqueo de los pagos de nuestro país a los bonistas que entraron en los canjes de deudas.
EL FEDERALISMO FISCAL Corría el año 1987 y por la oposición política los principales candidatos presidenciales eran los por ese entonces gobernadores de las provincias de Buenos Aires y de la Rioja, así fue que el Secretario de Hacienda de esa época (y principal negociador de la deuda externa Argentina) pergeñó con los gobernadores de las otras provincias lo que fue después la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, promulgada en enero de 1988, que formalmente determinó una nueva distribución primaria: 42,34% para el Estado Nacional (incluidas CABA y Tierra del Fuego que todavía eran Territorio Nacional), 56,66% para las provincias y 1% para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a ser distribuido entre las provincias de manera discrecional por el gobierno nacional. Pero nunca se cumplió, y es más fue modificada por los Pactos Federales I y II de los años 1992 y 1993, que permitió detraer de la masa de coparticipación el 15% de ese total para financiar el sistema previsional, y a la vez, a posteriori, se hicieron nuevas modificaciones en los impuestos, principalmente del IVA del que se detrae el 11%, y de Ganancias que es el 20% que van a financiar el sistema previsional pero disminuyendo la transferencia a las provincias.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación primero, y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2.635 publicado en el Boletín Oficial el 1 de diciembre de 2015 después, determinaron que el 15% de la pre coparticipación de impuestos (esto es del total de los impuestos que se coparticipan entre la Nación y las provincias, por ejemplo el IVA, Ganancias, Internos, Transferencias de inmuebles de personas físicas y sucesiones, Ganancia Mínima Presunta, y el Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios) que suman al año 2015 unos $ 600 mil millones, antes que se coparticipen (que se distribuyan entre la Nación y las provincias, el 15% (unos $ 90.000 millones) que se apropiaba la ANSeS (Administración Nacional de Seguridad Social y otros gastos operativos ) sea devuelto a las provincias desde el 1 de enero del año 2016, que el gobierno de Macri solo reconoce a las tres provincias reclamantes: Santa Fe, San Luís y Córdoba.
A su vez las provincias, que deben cobrar los impuestos directos a la propiedad (Inmobiliario, patentes, sellos), lo hacen parcial y deficientemente, la prueba más clara es que teniendo 32 millones de hectáreas de tierras cultivables (y entre ellas, las más fértiles del mundo), el impuesto inmobiliario cobrado por el conjunto de todas las provincias, no alcanza a ser el 0,5% del PIB (Producto Bruto Interno). En síntesis todas las provincias, en mayor o menor medida para hacer frente a sus gastos requieren de los recursos de la Nación, como quería y afirmaba Bartolomé Mitre, y esto explica por qué los gobernadores que fueron al Senado de la Nación para interiorizarse del proyecto de refinanciación y toma de deuda para pagarle a los fondo buitres, el jueves 17 de marzo de 2016, estuvieron en general de acuerdo con el proyecto. Una vez más la subordinación a una política liberal y libre cambista y con ello al capital internacional.
La Argentina solo crece si se acrecienta su mercado interno, los mecanismos perversos de endeudamiento y de crecimiento hacía afuera fueron el camino trillado de la subordinación y de la dependencia. Un país para pocos, la burguesía comercial portuaria de Mitre y la rentística actual que cobra su tajada, y la gran mayoría del país de menor a mayor con dificultades para reproducir su capital, de generar ingresos y entre el fantasma de la desocupación, la recesión y la marginalidad con todo lo que ello significa. Es en ese sentido que así como heroica fue la resistencia de Peñaloza y de Varela, lo es también la presentación judicial de los Dres. Jorge Cholvis, Arístides Corti y Eduardo Barcesat, al promover la denuncia dirigida contra todo el PEN y los senadores y diputados que presten su voto afirmativo para la comisión del obrar reputado delictivo, para que se instruya causa respecto de un obrar que, “prima facie”, tipifica como traición a la patria (Art. 215, inc. 1º, C. Penal), en concurso con defraudación especial (Art. 173, 7º, C. Penal), con violación de los deberes de funcionario público (Art. 248, C. Penal), y que se acredita como lesivo del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional (Art. 36, C.N.), con la consecuente descalificación para sus autores responsables en tanto que “…infames traidores a la patria…” (Art. 29, C.N.).
Esperemos que esta vez seamos millones en todo el país lo que los apoyemos y defendamos, y no que tengamos que padecer el destino que los hijos de Mitre nos imponen.
