El ministro de Energía, Juan José Aranguren

Son las distribuidoras privadas de gas han comenzado a impacientarse con la administración de Mauricio Macri.

La postergación del ajuste tarifario que les habían prometido las autoridades de Energía para febrero y el atraso en el desembolso de los subsidios de 2015 que dejó impagos el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, volvieron a reflotar el espíritu corporativo que las gasíferas habían perdido durante la era kirchnerista.

Los timoneles de Metrogas, GasBAN, Litoral Gas, Gasnor, Camuzzi Gas Pampeana, Gas Cuyana, Gas del Centro, Gasnea y Camuzzi Gas del Sur decidieron revivir la Asociación de Distribuidores de Gas (ADIGAS) que había sido creada en 1994.

Una de sus primeras movidas fue salir a desplegar una doble acción de lobby con pedidos de reuniones urgentes a los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.

Ante Aranguren, la conducción de ADIGAS que preside Enrique Flaiban (Gas del Centro) planteará la creciente inquietud que afecta a las distribuidoras por la demora en la aplicación de la suba de tarifas que estaba prevista inicialmente para el mes pasado.

Los nuevos cuadros tarifarios que tiene en carpeta el equipo de Aranguren contemplan aumentos finales para los usuarios residenciales que oscilan entre el 200% y 300%. Los ajustes para las distintas categorías de clientes hogareños, comercios, industrias y estaciones de GNC están definidos desde hace casi un mes.

Las gasíferas –que serán recibidas por Aranguren el viernes—quieren que el Gobierno se comprometa a autorizar los aumentos en una fecha cierta y que cualquier nueva demora sea compensada durante el año.

En tanto, ante Prat-Gay –a quien esperan ver la próxima semana—, las distribuidoras le requerirán la liquidación de la última cuota de la “asistencia económica transitoria” de 2015 que Kicillof dejó sin pagar.

Se trata de un monto que ronda los $ 700 millones que las empresas esperaban embolsar en diciembre, pero que hasta ahora no ha sido liquidado.

El aporte estatal que reclaman las distribuidoras de gas había sido aprobado por Kicillof en junio del año pasado. Presentada como una “ayuda transitoria” a cambio de no tocar las tarifas, la administración kirchnerista asumió el compromiso de girarles a las distribuidoras un total de $ 2.590 millones anuales.

Con esos ingresos, las gasíferas tenían que saldar las deudas con las petroleras por el abastecimiento del combustible y afrontar los gastos corrientes y salariales que no podían atender con sus ingresos tarifarios.

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