Se habla de plan canje, de trueque e incluso, en un lenguaje más elegante en términos políticos, de una negociación ley por ley. Pero en los hechos es todo lo mismo: apoyados en la urgencia que tiene la Casa Rosada en aprobar la norma que habilitará a pagarle a los fondos buitre, la oposición en el Senado y en la Cámara de Diputados reclama a cambio una serie de medidas económicas que, sumadas, significarían que la administración macrista desembolse unos 588.800 millones de pesos.
Devolución del 15%
Cada sector de la oposición tiene sus demandas y sus números super afinados. El bloque del FpV en el Senado y los gobernadores, con el asesoramiento técnico del equipo del titular de la AGN, Ricardo Echegaray, le reclama al Gobierno que se le devuelva de manera inmediata a las provincias el 15% de la coparticipación que se les retiene para financiar a la ANSeS. Es más: le llevarán su reclamo el próximo martes al ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Según las cifras de un trabajo que tuvo en sus manos esta semana Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque del FpV en la Cámara alta, el monto que se les retiene a las provincias por el 15% de la coparticipación a 18 provincias asciende a $ 64.500 millones anuales. Dirigentes del PJ sostienen que no se trata de una cifra «astronómica» para el presupuesto del Gobierno y que ayudaría a muchas de las provincias a salir de su angustiante situación financiera.
Se trata solo de 18 provincias, porque Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires no entran en el reparto de la coparticipación. Y San Luis, Córdoba y Santa Fe ya reciben el 15% que les corresponde gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de finales del año pasado. Esa inequidad en el reparto enfurece a los gobernadores peronistas.
El 1,9% de la AFIP
De acuerdo a lo que se habló el miércoles pasado en el Consejo Federal de Inversiones, los gobernadores justicialistas también le reclamarán a la administración de Mauricio Macri que les devuelva el 1,9% de la coparticipación que se les deduce para financiar a la AFIP. Ese porcentaje representa $ 12.300 millones anuales.
Los ministros de Economía de las provincias administradas por el justicialismo trabajan en la propuesta que le llevarán al Gobierno. Es bastante simple. Quieren que esos $ 76.800 millones de los que los «despojan» para financiar a la AFIP y la ANSeS se les reintegren desde este año. «Por lo menos la mitad debería ser en efectivo y lo restante en bonos. Y a partir del año que viene todo en dinero», confiaron las fuentes consultadas.
El retroactivo, la porción mayor
Pero eso no es todo. Los gobernadores también quieren que se les devuelvan los $ 400.000 millones que se les retuvieron «indebidamente» durante los últimos 5 años en esos rubros. El retroactivo, según la propuesta que elaboran las provincias, podría ser devuelto con bonos y con la condonación de deudas que tienen las provincias con la Nación. Esa condonación, además, les permitiría a las provincias mejorar sus notas crediticias para cuando salgan al mercado a pedir plata
El pago político
Nadie lo reconoce públicamente, pero una mayoría de los senadores que responden a los gobernadores podría condicionar su apoyo a la ley que permitirá cerrar el acuerdo con los buitre a que el Gobierno empiece a devolverle los fondos a las provincias. Sin el apoyo del FpV, el oficialismo tiene garantizada una derrota en la Cámara alta.
En Diputados el oficialismo tampoco la tiene fácil. Para aprobar la ley, necesita sí o sí el apoyo del Frente Renovador. Hasta ahora, según dicen en el macrismo, Sergio Massa viene condicionando su acompañamiento a que el Gobierno resuelva el problema del impuesto a las Ganancias. El tigrense propone una modificación en las escalas y un nuevo piso de $60.000.
Cerca del líder del Frente Renovador estiman que si se eleva el mínimo no imponible a ese valor para los trabajadores en relación de dependencia y autónomos, el Fisco resignaría $ 112.000 millones anuales.
Así, el monto total en disputa suma $588.800 millones.
En la Casa Rosada dicen que se mantendrán inflexibles y no entrarán en trueques. De ser realmente así, es posible entonces que el oficialismo no logre aprobar -al menos con el apuro que busca- la ley para arreglar con los holdouts. Ahí Mauricio Macri podría apelar a una alternativa que atragantaría más a la oposición y que al Tesoro no le demandaría nada: derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano directamente a través de un DNU y no por ley, publicó Clarín.
