Mientras aún se escuchan las repercusiones políticas por el traslado compulsivo del ex presidente Lula da Silva, el viernes pasado, para declarar en el denominado caso “Lava Jato” que investiga presuntas coimas en la petrolera estatal Petrobras, arrecian las críticas al comportamiento del juez de la causa Sergio Moro.
“El investigado no tiene la obligación de declarar. Este procedimiento fue absolutamente irregular, inconstitucional”, sostiene sobre el interrogatorio al expresidente Thiago Bottino, profesor de Derecho Penal de la escuela FGV en Río de Janeiro.
En una entrevista en la BBC Brasil, el exministro de Justicia José Gregori, que ocupó el cargo en la etapa final del Gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, dijo que no conocía “la figura de la conducción coercitiva sin que haya habido antes una convocatoria”, en referencia al traslado para declarar de Lula tras el registro de su vivienda.
Para Walter Maierovitch, exsecretario nacional Antidrogas, que también sirvió durante el Gobierno de Cardoso, la conducción coercitiva de Lula fue “ilegal, sorprendente y preocupante”.
El juez Moro defendió este sábado su actuación y aseguró que la obligación de declarar con escolta de la policía era una medida para “proteger” a Lula, argumento que fue rechazado de plano por propios y extraños por su endeblez e inconsistencia.
El otro hecho político de importancia fue la visita que este sábado realizó la presidenta Dilma Rousseff a la casa de Lula en San Pablo, gesto que estaba siendo esperado por la militancia y los dirigentes del PT.
Dilma dejó Brasilia este sábado para visitar a Lula en su departamento situado en el municipio de São Bernardo do Campo (en el área metropolitana de São Paulo). La decisión del juez que investiga el caso ha suscitado dudas jurídicas.
Rousseff, sonriente como hacía mucho que no se la veía, se asomó a la terraza junto a Lula y su esposa, Marisa Leticia, para saludar a los simpatizantes que aguardaban en la calle desde por la mañana. Los militantes respondían al llamamiento del propio expresidente, que prometió reaccionar a las denuncias de la Fiscalía con movilizaciones de la calle.
Momentos antes de la llegada de Rousseff, Lula había bajado a la calle para mantener contacto directo con sus partidarios, al igual que hizo el viernes al dirigirse a miles de simpatizantes en el centro de São Paulo tras declarar durante tres horas.
