El lunes por la tarde, ante sus colaboradores más directos, los representantes de la Argentina del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) y algunos abogados de los acreedores, Thomas Griesa confirmó la noticia que venía circulando desde hacía unos días en el tribunal del Segundo Distrito de Nueva York: el juez pedirá su jubilación un día después de haber cerrado el «juicio del siglo» entre el país y los fondos buitre.
Fue en un momento en la conversación con los representantes del fondo Trinity que el lunes demandaba a la Argentina por «daños morales», cuando, al pasar, uno de sus asistentes le preguntó si era verdad que el viernes, en un breve cóctel dentro del juzgado que Griesa, había comentado la posibilidad. Griesa contestó, con el leve hilo que le queda de voz, que era verdad; y que una vez terminado este caso, se despedirá de todos, pedirá su retiro y se instalará la mayor parte del tiempo en su casa de campo de descanso de Montana. Dijo, además, que podría escribir sus memorias, entre las que se encontrarían, obviamente, secretos del juicio de casi ocho años entre la Argentina y los holdouts.
El dato sobre la confirmación de su retiro, más que hablar de su jubilación en sí, despertó en realidad entre los abogados que participan del caso la expectativa que esté por concluir. O que al menos haya ingresado en su etapa de definiciones.
En estas horas, Griesa está analizando (más bien sus colaboradores o «clerks»), la oferta que entre el miércoles y el viernes de la semana pasada el secretario de Finanzas, Luis Caputo, desplegó ante los abogados de los acreedores.
Ya le recomendó el special master Daniel Pollack que la propuesta era competitiva y que, según su opinión, debería ser avalada. Griesa debería en estas horas tomar dos decisiones: si habilita la confección del listado de acreedores que aceptan lo oferta y si libera el «Injuction» por el que se aplica la cláusula «pari passu» por la cual cada emisión de títulos de la Argentina o pago de deuda merece un embargo para que una parte se derive a los acreedores que se beneficiaron con su fallo de diciembre de 2012.
Luego de estas medidas, Griesa debería imponer una fecha límite para el listado, y, finalmente, decidir si los que se anotaron son los suficientes como para dar cerrado el caso. Luego daría su fallo final y el «juicio del siglo» terminaría. Al menos ésta es la estrategia en la que confían desde el Gobierno de Mauricio Macri. Y si ésta se cumple, para abril la larga historia de este caso podría cerrarse. Sería el momento en que la causa se cerraría, y Griesa podría retirarse.
Tendrá para ese entonces 86 años. Y al menos físicamente, muy mal llevados. Actualmente el juez tiene serios problemas de sordera, de habla y, afirman muchos de sus colaboradores directos, de comprensión. Una molesta joroba que se empecinó en crecer en los últimos cinco años le impide caminar correctamente y debe tratarse una vez por semana de problemas de piel. Si bien durante sus más de 40 años de carrera se lo conoció como un hombre muy vivaz y de muy buen humor, se asegura en su entorno que en los últimos años directamente se tornó en intratable.
Algunos hablan incluso de la «casi imposibilidad» de trabajar hoy en su juzgado. No se lo confirmará, como tampoco negará, pero muchos aseguran que la forma en que desde el Gobierno de Cristina de Kirchner se lo trató varias veces (entre otras calificaciones se lo tildó de «senil», «embargador serial» «juez municipal» y de querer «voltear su Gobierno») despertó en Griesa una sensación de venganza que luego se transmitió en sus fallos contra el país. Una de las claves de la negociación actual es que el juez cambie de humor y que empiece a ver a la Argentina como quien actúa de buena fe y a los acreedores, al menos algunos de ellos, como los que buscan extender el final del «juicio del siglo».
Griesa nació en Kansas City en 1930. Estudió en esa ciudad hasta que llegó a Harvard, donde se graduó de abogado con inmejorables notas. Completó un posgrado en Stanford y en 1970 comenzó a trabajar en la Justicia. Por méritos propios, y por su participación en el Partido Republicano, fue nombrado juez durante el Gobierno de Richard Nixon en 1972. Su pliego fue aprobado en medio del escándalo del caso Watergate.
Es viudo, no tuvo hijos, es fan del tenis en general y de John McEnroe en particular y es cultor del piano y el clavicordio. Nunca habla con la prensa, ni antes ni después de sus fallos y si hay una fórmula que puede interpretar su posición ante la Justicia es la máxima: «Los contratos se cumplen y las deudas se pagan».
La frase fue dicha por el juez en innumerables causas que pasaron por su juzgado. Desde un juicio de Mick Jagger contra un representante, Allen Klein, hasta la condena a varias de las familias mafiosas de Nueva York, incluyendo los Gotti, pasando por las ramificaciones de la logia masónica Propaganda Due de Licio Gelli. También será la máxima del fallo final del «juicio del siglo». Y su despedida.
