El encuentro está previsto para el jueves o viernes próximo con la participación de los líderes de las tres centrales obreras, Hugo Moyano,Antonio Caló y Luis Barrionuevo, junto a representantes de sectores con peso propio, como los «gordos» de los grandes gremios de servicios, los «independientes» y dirigentes de los sindicatos del transporte. Quedaron afuera, por ahora, las dos fracciones de la CTA, lideradas por Hugo Yasky y Pablo Micheli.
La realización de la cumbre avanzó en los últimos días luego de la reunión a solas que mantuvieron la semana pasada en la quinta de Olivos Macri y Moyano, y que ayer reveló este diario en exclusiva. Sólo después de reconocer al camionero como su interlocutor privilegiado el Gobierno tuvo las manos libres para gestionar la diplomacia de un cónclave amplio con una mayor representatividad del movimiento obrero peronista. En aquella oportunidad el mandatario y el dirigente sentaron las bases del debate que quedará extendido la semana que viene al resto del sindicalismo tradicional.
Desde el Ejecutivo hay un ítem por ahora innegociable: todo el Gabinete económico sostiene que las paritarias de este año deberán pactar incrementos salariales por debajo del 30%, con un rango deseable de 24 a 28 por ciento. En la discusión de cúpulas con el movimiento obrero peronista los puntos a resolver son las compensaciones.
Hasta ahora, las más visibles son la garantía oficial de una suba hasta al menos $ 30 mil del mínimo no imponible de Ganancias y la reformulación integral de las escalas del tributo, que golpea con fuerza salarios altos como los de los gremios del transporte, en general. También, un aumento en los montos y la posible universalización de las asignaciones familiares, un ítem que Moyano se encargó de destacar particularmente por ser considerado una conquista asociada al peronismo y que en los últimos años quedó desactualizada por la inflación.
El tercer punto, quizás el más sensible para «gordos» e «independientes», es la entrega a las obras sociales de los 26 mil millones de pesos retenidos en el Fondo Solidario de Redistribución que mantiene el Gobierno en una cuenta del Banco Nación. Sobre ese monto se prevé un plan de dividirlo en tres partes: una, a girarla en efectivo y de manera mensual entre las prestadoras de salud de los gremios, mediante un cálculo basado en el número de afiliados. Otra, a través de un bono con el cual las organizaciones podrían cancelar deudas con sus proveedores, y la tercera, con afectación específica a obras de infraestructura (construcción de clínicas y sanatorios, ampliación de instalaciones).
Sobre estos ítems existe un virtual acuerdo entre funcionarios y gremialistas. De todos modos, ante el avance de la inflación y las complicaciones para explicar ante los afiliados un acuerdo salarial por debajo del 30%, en los últimos días surgieron más planteos sujetos a análisis de ambas partes. Uno de ellos es la incorporación de sumas fijas para diferir el comienzo formal de algunas paritarias (como sucedió con la Asociación Bancaria, que debía negociar en enero su convenio anual y con el pago de esos montos generó un puente hasta fin de marzo) o bien aplicarlas durante la vigencia de los acuerdos, como compensación frente a una eventual disparada inflacionaria.
Las chances son dos: generalizar acuerdos como el del sector bancario y traspasar toda la ronda de paritarias hasta mitad de año, ante la presunción de que entonces habrá un panorama económico más certero, sobre todo respecto del comportamiento de los precios. Otra, establecer acuerdos por sólo un semestre o bien por nueve meses, con una cláusula de revisión para el resto del año con la posibilidad de generar refuerzos salariales a través de las sumas no remunerativas. Hasta el encuentro con Macri de la semana que viene circularán, de un lado y otro, borradores de propuestas para definir.
