Mauricio Macri cumple un mes en el gobierno con un aumento significativo de despidos: a los más de 18 mil casos de empleados echados en el sector público, se le sumaron otros 10 mil del sector privado, según publicó en su informe de seguimiento el Observatorio de Derecho Social de la CTA.
“El éxito del programa de ajuste en curso requiere como condición necesaria una caída sustancial del salario de los trabajadores», afirma de entrada el informe.
«La brutal transferencia de recursos que han implicado las recientes medidas económicas aplicadas por el gobierno (devaluación de la moneda, eliminación de las retenciones a las exportaciones) sumada a un fuerte ajuste fiscal a través de medidas como la anunciada eliminación de los subsidios a los servicios públicos, requieren como contracara un recorte de la porción del ingreso nacional que reciben los trabajadores”, contextualiza el informe.
A su vez, enumera que en las últimas semanas, empresas de los sectores metalúrgico, de la construcción, minero y petrolero despidieron personal.
La lista es encabezada por Cresta Roja, quien en los últimos 30 días despidió a 5 mil empleados, seguida por las empresas constructoras, con otros 2 mil casos, y por Austral Construcciones, que cesanteó a más de 1800 trabajadores. Con menos cantidad de despidos, también figuran Tecpetrol (500), Paraná Metal (180), Cerámica San Lorenzo (100), Expofrut (109), Metrovías (26), entre otras varias.
Según señala el informe, publicado por Infogremiales, las nuevas políticas del gobierno de Mauricio Macri tienen como objetivo del “atemorizar al conjunto de los trabajadores del sector público, y al mismo tiempo enviar una señal a los empleadores y trabajadores del sector privado”, no sólo a través de medidas de alto impacto como los despidos en el Estado, sino también a nivel discursivo.
“No parecen haber sido los reclamos salariales de los trabajadores el origen de estos despidos. Más bien parece ser todo lo contrario. Han sido los empleadores quienes han dado inicio la ronda de negociación salarial a través del incremento de los despidos, en tanto herramienta para infundir temor y, de esta manera, debilitar la posición negociadora de los trabajadores y las organizaciones sindicales, no solo en términos generales, sino también en cada lugar de trabajo”, destacaron los especialistas.
Respecto a los despidos estatales, ayer el Ministro de Hacienda fue más que elocuente, en su intento por justificarlos. “Los ñoquis son parte de la herencia. Encontramos un Estado lleno de militantes. Queremos que al Estado no le sobre la grasa de los militantes”, dijo Alfonso Prat-Gay.
Según el Observatorio, en cambio, “el Gobierno pretende que los trabajadores acepten pacíficamente una reducción en sus salarios, aún cuando estos ya se encuentran en niveles muy bajos. Al mismo tiempo, amenaza con potenciales despidos que en realidad ya han comenzado, y que no tienen tanta relación con el costo salarial sino más bien con el objetivo de disciplinar al conjunto de los trabajadores y debilitar su capacidad de lucha”.
