El Gobierno publicó ayer el DNU 267 que crea el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y modifica las leyes de medios (26.522) y de tecnologías de la información y las comunicaciones (27.078). Aun cuando el decreto se fundamenta entre otras cosas en que la ley de medios «es anticuada y distorsiva», una de las primeras medidas que incluye es el congelamiento de la situación actual por un extenso período: los titulares de licencias de servicios audiovisuales podrán optar hasta fin de este año para pedir una prórroga de 10 años, con derecho a prórroga automática por otros 5 años y con derecho a otros 10 años más con aprobación del ente regulador. Esta opción podrá también ser ejercida hasta el 31 de marzo por los titulares de licencias vencidas que actualmente mantengan su explotación.

El decreto implica además la ampliación de derechos para Cablevisión del grupo Clarín , mientras las empresas de telefonía básica y móvil, las únicas con recursos para poder competirle, sólo podrán ofrecer televisión por cable el 1 de enero de 2018, plazo que el ENACOM podrá extender por un año más.

Además, el decreto abre la posibilidad de que Cablevisión pueda prestar servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital porque modifica el artículo 45 de la ley de medios, que imponía limitaciones a las licencias de radiodifusión a nivel nacional y por localidad.

El DNU permite en el orden nacional una licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital, en tanto, la Ley 26.522 permitía una licencia sobre soporte satelital pero una titularidad de ese tipo excluía la posibilidad de ser titular de otras licencias de servicios de comunicación.

La nueva norma permite además a nivel nacional hasta 15 licencias de televisión abierta o radiodifusión sonora, mientras la ley de medios contemplaba 10 licencias más la titularidad del registro de una señal de contenidos, para servicios de radio, TV abierta y TV por suscripción con uso de espectro radioeléctrico.

En el orden local, el DNU del Gobierno permite una licencia de radio AM, una FM o hasta dos cuando existan más de 8 licencias en el área y una licencia de televisión abierta (4 como máximo). En la ley de medios en ningún caso se podían superar 3 licencias en un área.

Otro de los cambios que introduce el DNU es que establece que «si al momento de solicitar el registro (para TV por suscripción) existe otro prestador en la misma área, el ENACOM deberá realizar una evaluación integral que contemple el interés de la población y dar a publicidad la solicitud». Más que eso: si se presenta oposición por parte de otro titular, el ENACOM deberá solicitar un dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia para establecer las condiciones de prestación del solicitante. Si el nuevo prestador de TV por suscripción es una de las telefónicas básicas -Telefónica o Telecom- deberá facturar las prestaciones por separado y no aplicar subsidios cruzados con fondos provenientes del servicio público hacia el servicio licenciado.

Pero además las telefónicas (o el que quiera dar TV paga) deberá facilitar a los competidores el acceso a su propia infraestructura de soporte, en especial postes, mástiles y ductos en condiciones de mercado, y si no hay acuerdo de partes, intervendrá el ENACOM. La norma no rige al revés para las actuales instalaciones de las empresas de TV por cable.

El DNU del Gobierno también permite la constitución de redes de radio y televisión con límite temporal, y establece que la emisora adherida no podrá cubrir con esas programaciones más del 30% de sus emisiones, cuando se trate de localidades con más de 1 millón y medio de habitantes. Pero ese límite se estira hasta el 40% para localidades con más de 600.000 habitantes y hasta 50% en caso de localizaciones con menos población, mientras en la ley de medios el límite para todos los casos era el 30%.

El decreto disuelve la AFSCA y la AFTIC y crea el ENACOM como «organismo autárquico y descentralizado» en la órbita del Ministerio de Comunicaciones, cuyo titular es Oscar Aguad. El titular del nuevo ente, como ya se anunció, será Miguel Godoy.

La norma también establece que el nuevo ente regulador de los medios y las comunicaciones tendrá un presidente y tres directores nombrados por el Poder Ejecutivo y tres directores propuestos por la Comisión Bicameral a crearse para servicios audiovisuales y telecomunicaciones. Estos tres últimos directores representarán a la mayoría o primera minoría, y a la segunda y a la tercera minoría, con lo cual el oficialismo contaría con 5 miembros dentro del organismo.

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