La Asociación Justicia Legítima cerró ayer el año e hizo un fuerte llamado a resistir frente a las medidas en materia judicial que pretende tomar el gobierno de Cambiemos.
«Si pueden nombrar dos jueces de la Corte por decreto y pretenden destituir a una procuradora por la misma vía, todos los que estamos por debajo estamos en riesgo», resaltó la titular de la agrupación de jueces, fiscales y abogados, la camarista María Laura Garrigós de Rébori.
Los demás expositores durante el brindis también alertaron sobre eventuales avances del Ejecutivo sobre la independencia judicial. La jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó no asistió al evento.
En los pasillos del salón en la Sociedad Argentina de Escritores el tema era excluyente: la estrategia a adoptar ante una eventual embestida del gobierno de Cambiemos contra los integrantes del colectivo que dentro del Poder Judicial objetó y denunció las prácticas del sector más conservador dentro del sistema de administración de justicia. Por ello fueron identificados por el macrismo como funcionarios afines al kirchnerismo. Aunque no lo mencionaron, el temor a represalias, similares a las que se pretende aplicar a Gils Carbó, sobrevoló la agenda de preocupaciones.
«Vamos a sobrevivir. Lo que hacemos ahora es más importante que nunca. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo», expresó Garrigós de Rébori, integrante de la Camara Nacional de Casación Penal.
La integración de la Corte por decreto resultó más complicada de lo previsto para Mauricio Macri. El rechazo provocado en aliados y opositores por los nombramientos Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti obligó al presidente a dar marcha atrás y poner en el freezer por unas semanas a los nuevos integrantes del máximo tribunal. Los flamantes supremos, que fueron designados en comisión, no asumirán sus cargos hasta cumplir los trámites necesarios para su asunción. A partir del 21 de diciembre, en medio de los brindis de fin de año y el comienzo de las vacaciones, se recibirán las observaciones de ciudadanos y ONG a las candidaturas. A fines de enero, el Ejecutivo tiene previsto enviar los pliegos al Congreso para su tratamiento.
