La Justicia dio marcha atrás con el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó la semana pasada la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el fin de extender el fallo de laCorte Suprema de Justicia a todas las provincias.
La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Liliana Heiland ordenó suspender el DNU que disponía la transferencia a las provincias del 15 por ciento de los fondos de coparticipación. La decisión fue tomada haciendo lugar a una medida cautelar presentada por la Mesa Nacional de Jubilados Pensionados y Retirados de la República, ya que esos fondos coparticipables servían de financiamiento a la Anses.
“En virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dispónese el cese a la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables pactada en la cláusula primera del ‘Acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales’ del 12 de agosto de 1992 ratificado por la Ley N° 24.130 a la totalidad de las jurisdicciones, en la proporción que les corresponda de acuerdo a la distribución y a los índices fijados en la Ley N° 23.548”, ordena la norma en su artículo 1°.
El decreto también establecía que para no desfinanciar la Anses, esos fondos iban a ser cubiertos con dinero del Tesoro Nacional. «También ordena al Tesoro Nacional, con cargo a Rentas Generales, cubrir una suma equivalente a las sumas que se dejen de detraer por la medida dispuesta en el Artículo 1°, las que seguirán siendo tenidas en cuenta como referencia a los fines de la movilidad dispuesta por la Ley N° 26.417», decía el decreto presidencial.
