En agosto pasado, el entonces candidato presidencial Mauricio Macri dejó claro durante un almuerzo que compartió con empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, que no pensaba convivir con el actual titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, si ganaba la presidencia. En ese mismo encuentro celebrado en el Alvear Palace Hotel, incluyó a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Para la jefa de fiscales, la remoción se hace más dificultosa, ya que el presidente electo necesita una mayoría legislativa que hoy no tiene, y choca con la resistencia de la funcionaria. En el caso de Vanoli, también el funcionario se resiste a irse por las buenas, pero el camino sería más sencillo. Y hay más de uno, como quedó claro este lunes, al trascender el mecanismo a través del cual Macri buscará desembarazarse de Vanoli.
Según publicó el diario Clarín, el camino para forzar su renuncia se asienta en la denuncia impulsada por el futuro ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, y los diputados Mario Negri y Federico Pinedo, por incumplimiento de deberes de funcionario público por las millonarias operaciones de dólar futuro. Atento a la “dilapidación” de las reservas, se apelará al artículo 14 de la Carta Orgánica del Banco Central, que señala que las reservas no pueden usarse indiscriminadamente.
En su inciso q, el artículo señala que “el nivel de reservas de oro, divisas y otros activos externos necesarios para la ejecución de la política cambiaria debe manejarse tomando en consideración la evolución de las cuentas externas”. Hay otro artículo de la Carta Orgánica, el 3, que deja claro que esa entidad no estará sujeta a órdenes e indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo, “ni podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”.
En ese punto hay pruebas de la incidencia del Ejecutivo, a través de Carlos Zannini, para desplazar a dos directores del Banco central para facilitar el ingreso de otros dos que responden al ministro Axel Kicillof.
El mandato del titular del Central se extiende por seis años, por lo que al haber asumido en octubre de 2014 se extendería hasta 2020. En base a lo que establece la Carta Orgánica del BCRA, un presidente opositor simplemente podría apelar a la falta de “independencia” de Vanoli por su afinidad con el kirchnerismo, aunque ello no implicaría su inmediata remoción. Aquí entra en juego el Congreso. De acuerdo con el artículo 9 de la Carta Orgánica, la remoción de cualquier miembro del directorio de la entidad monetaria debe contar “con el previo consejo (vinculante) de una comisión del Honorable Congreso de la Nación”.
La misma será presidida por el presidente de la Cámara de Senadores e integrada por los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía de la misma y por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación.
La tradición parlamentaria indica que las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados son presididas por el partido de Gobierno como forma de garantizarle “gobernabilidad” al jefe de Estado. Si esto se respeta, el nuevo oficialismo vería allanado el camino para remover a Vanoli, incluso si las comisiones de Economía del Senado y de Finanzas de Diputados recayeran en un partido opositor. Esto es, porque en caso de empate el vicepresidente y titular del Senado inclinaría la balanza a favor del Poder Ejecutivo.
En lo que sí podría tener dificultades un presidente no kirchnerista sería en la designación del reemplazo de Vanoli, que requiere el acuerdo de la mayoría simple del Senado, donde el Frente para la Victoria es mayoría, aunque está claro que el oficialismo que se va no pondrá palos en la rueda en ese aspecto, más allá de algún pase de facturas.
Para la celeridad de la operación, hay que tener en cuenta que el nuevo jefe de la entidad monetaria podría ser nombrado “en comisión” por decreto presidencial hasta que la Cámara de Senadores se expida sobre el tema.
