En el primer local llamado “Mamy Lu”, se encontró a dos mujeres mayores de edad, de nacionalidad argentina, que declararon haber llegado al lugar por medio de conocidas que les indicaron que allí podían “hacer plata fácil”; luego la dueña del local les informó que si comenzaban a concurrir podrían ganar 5.000 pesos por semana.
Una de las entrevistadas afirmó que la dueña le había costeado el pasaje y que por esa razón tenía con ella una deuda de más de 900 pesos, a pagar por medio de copas y pases con “clientes”/prostituyentes.
Las víctimas contaron que por cada copa percibían el 40% de su valor, mientras que por los pases -que tenían un valor de 410 pesos por 20 minutos- se les retenía 70 pesos; también relataron que realizaban salidas con los “clientes”/prostituyentes y que costaban 2000 pesos; todo se le abonaba a la dueña del local que llevaba un registro diario, semanal y mensual de los pagos.
Con respecto a las condiciones de alojamiento contaron que residían en un inmueble proporcionado por la dueña del local, por el que no pagaban alquiler y agregaron que no se les permitía salir del lugar. Ambas mujeres manifestaron su deseo de regresar a sus domicilios particulares en sus provincias de origen.
En el segundo local, denominado “El Trébol”, se encontraron doce mujeres mayores de edad, en su mayoría de nacionalidad argentina y una de nacionalidad paraguaya. Luego de que las profesionales del Programa de Rescate las asistieran, se supo que todas habían tomado conocimiento del lugar por medio de conocidas o amigas. Once de ellas manifestaron encontrarse en situación de prostitución antes de llegar al local, mientras que la restante afirmó haberse iniciado allí mismo.
Los pases se cobraban 400 pesos y a la encargada le debían rendir 70 pesos; las copas valían entre 70 y 300 pesos y el local se quedaba entre el 50 y 70% del valor. Las víctimas explicaron que los responsables del lugar les exigían la gestión de una libreta sanitaria, y que personal de la municipalidad se presentaba en el local para «controlar» que todo estuviese en regla. También relataron que cada quince días debían realizarse controles médicos por los que les cobraban 200 pesos.
La Justicia también ordenó allanar otros dos locales nocturnos en la localidad correntina de La Cruz, Corrientes, pero se encontraban vacíos o cerrados.
De los procedimientos participaron profesionales de las oficinas regionales de Chaco, Mendoza y La Rioja.
Las oficinas regionales facilitan la intervención del Programa Nacional de Rescate en los procedimientos provinciales ordenados por la Justicia, y a su vez permiten articular acciones con las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial, el Ministerio Público e instituciones como hospitales, institutos educativos, organismos de protección de derechos y organizaciones no gubernamentales del propio territorio.
