Durante los últimos años en los países de la región, se puso el ojo en el poder que habían logrado los medios de comunicación. En muchos casos, se llegó a decir que habían ocupado el lugar vacante dejado por los partidos políticos opositores.
Sin embargo, en los últimos tiempos, ese espacio antigubernamental parece haberse ocupado finalmente (o complementariamente) por un actor más tradicional y, tal vez, más opaco: el poder judicial. Al menos esa es la reflexión que puede hacerse si se mira la dinámica política actual de la región, donde los «casos judiciales» aparecen muchas veces marcando las agendas en Brasil, Chile o Argentina.
Esta semana, se conocieron dos decisiones judiciales que vuelven a poner al debilitado gobierno de Dilma contra las cuerdas:
Por un lado, el Tribunal Superior Electoral (TSE, la máxima autoridad judicial del país sobre cuestiones electorales) dio curso a una presentación del partido opositor, el PSDB, que acusa al gobierno de haber cometido irregularidades en la campaña electoral que el año pasado le dio un segundo mandato al binomio Dilma Rousseff y Michel Temer.
Las acusaciones van desde la utilización de la infraestructura de gobierno para la campaña partidaria, hasta el financiamiento de parte de ésta con dinero de la corrupción, que estarían vinculados al caso de Petrobrás, conocido como «lava jato».
La «Acción de Impugnación de Mandato Electivo» como se llama el recurso constitucional al que apela la oposición no deja lugar a dudas de la gravedad que supondría que la causa avance. Sin embargo, desde el gobierno se remarca que la acusación es poco más que la presentación de recortes periodísticos, donde se describen innumerables sospechas e hipotéticos delitos, pero sin pruebas a la vista.
Si se llegara a una condena y, eventualmente, el Supremo Tribunal Federal (el equivalente a nuestra Corte Suprema) concuerda con el fallo, la Presidenta y su Vice deberían dejar sus cargos. Y convocar nuevas elecciones.
Por el otro, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) también emitió un dictamen inédito al no aprobar la rendición de cuentas que todos los años el gobierno federal en Brasil presenta ante la justicia. En este caso, el dato sorprendente, además de que nunca antes en la historia democrática del país había ocurrido algo similar, es que el propio Tribunal cambió de parecer en cuestión de semanas.
Según el semanario opositor Veja el cambio de decisión tuvo que ver con el miedo del Tribunal de «sufrir una enorme reprobación social en caso de aprobar las cuentas de Dilma», dejando de lado cualquier factor jurídico. De hecho, la acusación es de una gran complejidad técnica, donde se supone que el gobierno buscó equilibrar cuentas creando un balance fiscal sui generis, alejado de las pautas legales.
Menos complejo es encontrar el origen ideológico del juez que lleva adelante la causa, Augusto Nardes, quien antes de ser juez fue miembro del partido ARENA, creado después del golpe de estado de 1964 para darle un marco «político» a la dictadura.
En caso de prosperar esta segunda vía de impugnación judicial al gobierno, tendría que intervenir el Congreso y llevar adelante un impeachment contra Dilma y asumir funciones quienes estén en la línea sucesoria. En ese caso, sería su vice presidente o el titular de la Cámara de Diputados, el archi opositor Eduardo Cunha. Personaje que, por estas horas, tampoco las tiene todas consigo, en tanto se hizo público un documento de un banco suizo donde el Cunha tendría depósitos millonarios también originados en la megacausa de corrupción de Petrobrás.
Este escenario «judicial» no se explica por sí mismo, sino que es parte de una serie de sucesos que comenzaron ni bien Dilma ganó las elecciones a fines de 2014:
-Un triunfo electoral estrecho de Dilma permitió a la oposición sembrar las dudas sobre la validez del triunfo y envalentonar a cientos de miles de ciudadanos para salir a las calles e impugnar las elecciones.
-Sobre ese escenario, Dilma decidió emprender un ajuste económico con el argumento de «ganar confianza» en los inversores extranjeros y el empresariado interno.
-Las consecuencias económicas y sociales no tardaron en llegar y con ellas una deslegitimación no ya entre el electorado opositor, sino en la misma base social que vota al PT.
-Finalmente, con la legitimidad debilitada en el frente externo e interno, el gobierno aparece encerrado por múltiples acciones judiciales que amenazan con la destitución o, al menos, mantener a Dilma en una situación de rehén política hasta el fin del mandato.
Imposible no ver en esta dinámica uno de los posibles escenarios de la Argentina pos electoral. Tal vez por eso, el candidato del FPV, Daniel Scioli, haya dicho en una reciente entrevista que «Hay que estar muy atento a lo que pasa en Brasil….muchas veces uno puede escuchar a los economistas pero los que tenemos la responsabilidad de conducir somos los poderes ejecutivos.»
