El diputado nacional del FpV Héctor Recalde manifestó hoy su «profunda decepción y repudio» por el rechazo de la Unión Industrial Argentina (UIA) a la creación de una Comisión Bicameral que identifique las complicidades económicas y financieras durante la última dictadura, y consideró «insólito creer que no hubo responsables civiles» que actuaron con el terrorismo de Estado.
«La aprobación de este proyecto no hace otra cosa que continuar trabajando en el camino de la memoria, la verdad y la justicia, apuntando principalmente a la reparación y al fortalecimiento de las instituciones de la democracia», señaló en un comunicado el autor del proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
De esta manera, Recalde respondió al comunicado de la UIA que rechazó la formación de crear una comisión y advirtió que la entidad «parte de conceptos erróneos» cuando entiende que «juzgar los eventuales ilícitos solamente pueden ser garantizados mediante procesos realizados por el Poder Judicial».
«La comisión no tiene por objeto juzgar a nadie ya que eso es función de la justicia», aclaró el titular de la Comisión de Legislación del Trabajo que agregó: «¿Cuál es el problema de investigar e indagar y que no haya impunidad?».
En ese marco, calificó de «insólita» la postura de la UIA y recordó que «en la votación fueron 170 a 0 y hubo solamente 14 abstenciones del PRO, o sea que nadie salió a plantear el rechazo de la ley. La verdad que no entiendo el comunicado».
«Daba por hecho que esta entidad fabril, comprendía este aquí y ahora de nuestra historia, en donde de cara al futuro, sin olvidar el pasado construyamos juntos una mejor Argentina sin odios pero con justicia», aseguró Recalde.
Entre sus funciones la comisión deberá elaborar un informe con una descripción detallada de los aspectos más salientes de las políticas económica, monetaria, industrial comercial y financiera adoptada por la dictadura y «la identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron y/o se beneficiaron aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza».
El diputado oficialista explicó que el informe «deberá ser publicado dentro de los 180 días a partir de la creación de la comisión y, en caso de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, podrá formular las correspondientes denuncias ante la justicia».
Agregó que las pruebas o testimonios de víctimas o sobrevivientes serán recibidos en audiencias en las que participarán referentes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, académicos, empresarios, empresas y cámaras empresarias, asociaciones sindicales y partidos políticos.
