La Unión Industrial Argentina rechazó la aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa que busca crear una comisión bicameral para investigar la complicidad de los grupos económicos durante la última dictadura cívico militar, al señalar que el Poder Judicial «es el único poder con facultades constitucionales para administrar Justicia».
Mediante un comunicado de prensa, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su rechazo al proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las instituciones de la Democracia», mediante la cual el Congreso se dispone a investigar las complicidades económicas durante la última dictadura cívico militar, y que recibió la aprobación en Diputados.
Al respecto, la central industrial expresó que «cualquier investigación sobre el particular, que se realice a ciudadanos u organizaciones de la sociedad, debe llevarse a cabo por las vías institucionales que corresponden».
En este sentido, la UIA consideró que «el derecho de defensa y la independencia de quienes deben juzgar los eventuales ilícitos solamente pueden ser garantizados mediante procesos realizados por el Poder Judicial, ya que éste es el único Poder con facultades constitucionales para administrar Justicia».
La posición de la UIA que se conoció hoy, es la respuesta a la aprobación del proyecto presentado por el titular de la comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, que recibió el apoyo mayoritario de la cámara, con 170 votos a favor (disidencias parciales de la UCR, el Frente Renovador, el Frente de Izquierda y el interbloque FAP), y sólo 14 abstenciones del PRO y sus aliados de Salta y Mendoza, sin votos negativos.
Entre quienes votaron a favor de la formación de la bicameral, estuvo el ex titular de la central empresaria y actual vocal de la misma, José Ignacio de Mendiguren, quien en su caracter de diputado nacional por el Frente Renovador, acompañó la iniciativa.
El objetivo de la comisión, cuya conformación deberá ser aprobada por el Senado, es determinar quiénes fueron los «actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron» con la dictadura militar entre 1976 y 1983 y le dieron «apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza».
Consultado por Télam, un dirigente de UIA afirmó que sus integrantes no se van a referir al tema públicamente de manera individual hasta que la cámara alta no haya definido el destino de la propuesta del Frente para la Victoria, aunque consideró que el proyecto «es un tema delicado» y desde la central fabril creen que «hay que dejar de mirar hacia atrás, hay que pensar en positivo y resolver los temas del presente».
Por su parte, el ministro de Economía y candidato a diputado por el oficialismo Axel Kicillof ponderó la investigación de las responsabilidades empresarial en el golpe de Estado de 1976 y consideró que “el proyecto económico fue la causa profunda y central de la dictadura militar”.
Durante su participación en el lanzamiento de la obra de teatro “La Marca en el orillo”, basada en la vida de su compañera de lista y nieta recuperada Victoria Montenegro, Kicillof llamó “a seguir trabajando para encontrar a los responsables económicos de las dictaduras militares” que buscaron instalar “proyectos económicos pensados para unas minorías, para generar más concentración de la riqueza, más desigualdad, más exclusión, más desempleo, y más pobreza”.
“Esos responsables todavía están dando vueltas, recorriendo canales de televisión, asesorando a candidatos políticos, o que pretendan presentarse como una alternativa a los proyectos populares en la Argentina” sentenció.
Y aseguró que “nuestra lucha por los Derechos Humanos no es una lucha de la nostalgia de reparar sino de construir, de crecer, y ponemos esos valores de las generaciones pasadas para trabajar en el presente para que los argentinos podamos tener un futuro digno que reconoce nuestro pasado”.
