Luego de que el jefe de Gobierno porteño y candidato a Presidente por el frente Cambiemos,Mauricio Macri, presentara tarde su declaración jurada de bienes, el portal INFOnews dialogó con un especialista sobre conceptos clave que se incluyen en la práctica de la declaración patrimonial ante la Oficina Anticorrupción.
¿Qué pasa si un candidato presenta tarde o no presenta su declaración jurada? El coordinadorr de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) Fernando Bracaccini, explicó a ese medio: «El sistema de declaraciones juradas para los candidatos tiene una fecha límite clara».
«¿Cuál es el procedimiento a seguir en caso de que no se cumpla? La Oficina Anticorrupción debe intimar a la persona a que cumpla y si no lo hace puede abrir una causa penal. En el caso de Macri la declaración sí se presentó, así que no creo que ocurra nada. No es pasible de una sanción penal«.
¿La Oficina Anticorrupción analiza y controla los datos y bienes declarados por los candidatos? Según explicó Bracaccini: «Las facultades de la Oficina Anticorrupción las establece el Decreto 102 del año 1999 en su artículo 2 inciso G: ‘Evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los agentes públicos y las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función'».
«Es decir, la Oficina Anticorrupción tiene que ver las declaraciones y en caso de que surjan anomalías evaluarlas«, agregó el especialista.
¿Por qué los inmuebles en las declaraciones juradas figuran tan bajos? «Lo que sucede es que se declara el valor fiscal de las propiedades que no es el real valor de mercado. El problema es que el patrimonio que se declara termina siendo muy inferior al real«, aclaró Bracaccini.
Por último, el abogado explicó por qué es relevante que los candidatos den a conocer sus patrimonios: «Es clave que todos los funcionarios públicos y, en este caso, los candidatos presenten declaraciones juradas porque eso permite a los ciudadanos controlar su situación patrimonial antes de que ingresen a la función pública y que con las subsiguientes declaraciones vayan controlando cómo evolucionan sus patrimonios».
