Cuanto más apoyo tengamos en octubre, «más se va a profundizar el cambio”, explicó un alto funcionario para no sólo explicar las reformas “graduales” en marcha sino también la lucha contra lo que denomina las “mafias” en la justicia, en la litigiosidad laboral y hasta en organismos del Estado como la Aduana y, al mismo tiempo, contra la impunidad de quienes cometieron un ilícito ejerciendo funciones en el Estado.
Pese a las críticas que recibió el lunes por cruzar a Héctor Recalde durante su discurso en que se refirió a “la mafia de los juicios laborales”, Mauricio Macri insistió ante su mesa chica que “todos los concursos de jueces de los últimos años los manejó” el diputado del FpV y que incluso la mujer es camarista de una sala del mismo fuero.
En el oficialismo remarcan que con esta movida no quieren quitar derechos laborales de los trabajadores sino terminar con la “industria del juicio” que “hizo cerrar PyMEs” y quita incentivos a la creación de nuevas empresas.
Sin embargo, dirigentes del sector de las pequeñas y las medianas empresas explicaron con claridad que el problema del sector pasa por la economía PRO. Los juicios son un problema en tanto y en cuanto no se discuta una ley de emergencia PYME,
Desde el oficialismo esgrimen que en el mismo sentido promovieron la modificación de la ley de ART pero que “aún hay muchas provincias que no han adherido -acotó el funcionario consultado por este diario- y se espera que la provincia de Buenos Aires firme su adscripción en los próximos días”.
En este sentido, Macri espera que en julio el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, le acerque el proyecto de reforma tributaria que incluye una rebaja en las cargas laborales.
«En todos los casos buscamos que haya más formalización para reducir el trabajo en negro», esgrimió el influyente funcionario.
En Balcarce 50 asumen que la frustrada destitución en el Consejo de la Magistratura del camarista Eduardo Freiler, acusado por no poder justificar su patrimonio, no impedirá continuar la lucha contra lo que denominan la mafia judicial. Macri ha confiado a sus colaboradores más cercanos que sectores de la justicia incurrieron en una “apretada” cuando no apoyaron la remoción del controvertido magistrado.
En el gobierno confían en seguir batallando en pos de terminar con la impunidad -dicen- y continuarán la embestida contra la procuradora Alejandra Gils Carbó a quien el presidente acusó de parcialidad por su simpatía con el kirchnerismo.
“En la justicia avanza una investigación por la compra irregular de un edificio para la Procuración. También se cuestiona el nombramiento de fiscales: por todo esto hay un fuerte cuestionamiento moral” hacia la funcionaria, agregaron.
Lo cierto es que hoy el oficialismo no tiene números en la Cámara de Diputados para avanzar en un jury de enjuiciamiento contra la jefa de los fiscales. Y, de acuerdo a las primeras estimaciones, una victoria en las elecciones de octubre tampoco le garantizaría la mayoría necesaria -dos terceras partes del cuerpo- para iniciar el proceso. No se descarta, con todo, que en caso que Cambiemos triunfe en los comicios y el gobierno gane en volumen político, el presidente modifique la estructura de la Procuración General de la Nación mediante un decreto que vacíe de poder a la procuradora.
En la intimidad, Mauricio Macri se muestra molesto cuando se sugiere que el oficialismo garantiza la impunidad de ex funcionarios.
“Hay que terminar con la impunidad. Pero depende que la justicia agilice los procesos judiciales y que no duren años como también ocurre con (Amado) Boudou”, machaca ante sus colaboradores más cercanos.
Las reformas proyectadas por el oficialismo, asimismo, buscan terminar con irregularidades en organismos como la Aduana, donde se busca transparentar los movimientos de los depósitos fiscales mediante expedientes electrónicos, y en el SENASA donde hasta unos meses se autorizaban los trámites en forma presencial y discrecional.
