El Senado convirtió hoy en ley un proyecto de Fomento de Inversiones para micro-empresas y pymes, con lo que se busca garantizar la producción nacional, pero en realidad pone a las Mipymes en una situación de vulnerabilidad tal que pronto miles deberán bajar la persiana igual que en la década de los´90.
La iniciativa fue aprobada, en una sola votación tanto en general y particular, por unanimidad de los 54 senadores presentes en el debate, que superó las cuatro horas de duración, junto a otra de Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo y una tercera vinculada a la extensión de los beneficios para fabricantes de maquinaria agrícola auto impulsada para maquinaria de arrastre.
«tal como está planteada esta ley terminará beneficiando sólo a las empresas que resulten ´viables´ en el mediano plazo» Eduardo fernández.
Si bien el respaldo fue unánime, desde las filas opositoras como la bancada PJ-FpV hubo referencias a los problemas que ocasionan a la industria nacional, sobre todo a las pymes, «la devaluación y los tarifazos» en materia energética realizados en los últimos meses por el gobierno nacional, y hasta se recordó el veto presidencial a la ley de desempleo impulsada en su momento por los cinco centrales sindicales.
Sin embargo, la pretendida ley de fomento a las pymes, esconde un trampa: no aborda la emergencia del sector y beneficia a empresas de gran envergadura.
Pese a que es bienvenido el debate y que las micro, pequeñas y medianas empresas estén en la agenda legislativa, lo cierto es que en un escenario de recesión como el que atraviesa la economía, ninguno de las iniciativas alcanza a este entramado productivo, básicamente porque con el aumento de costos en la producción, financiamiento y servicios; sumado a la retracción del mercado interno, donde estas empresas vuelcan sus producción y la apertura de importaciones promovida por el gobierno nacional, las micro y pequeñas empresas no tienen rentabilidad y los beneficios que pretende asignarles esta ley no alcanzan para evitar el inminente cierre y pérdida de miles y miles de puestos de trabajo.
La única entidad que nuclea a micro, pequeños y medianos empresarios que no se tragó el sapo y salió a marcar la cancha desde el inicio del debate en comisiones fue APYME, que luego de sancionada la ley, se despegó de la obsecuencia de cámaras empresarias como CAME y CGERA, que aplaudieron a viva voz la iniciativa y expresó su posición.
Eduardo Fernández, presidente de la entidad explicó a Portal de Noticias que «la Ley para el fomento de las inversiones para las Mipymes que sancionó esta noche el Congreso Nacional no contempla la situación de emergencia de las las micro, pequeñas y medianas empresas».
«Si bien incluye algunos puntos que alivian la situación del sector, como la ampliación del Repro, el pago de IVA a 90 días y la exención del pago de Ganancia Mínima Presunta, la ley no considera ninguno de las medidas propuestas inicialmente para que el conjunto de las Mipymes pueda afrontar la situación de incremento de precios, ahogo fiscal, caída del mercado interno, falta de crédito y aumento de importaciones indiscriminadas, entre otros factores que responden a la actual política económica».
Consultado sobre cuales son los pretendidos beneficios que plantea la iniciativa, Fernández sostuvo que «tal como está planteada esta ley terminará beneficiando sólo a las empresas que resulten “viables” en el mediano plazo. Miles de empresas no podrán subsistir en las actuales condiciones recesivas generadas por un modelo económico que favorece a grupos concentrados y sectores agroexportadores, energéticos y financieros en detrimento de la industria nacional, trabajadores y Pymes».
«Desde APYME seguiremos trabajando intensamente en promover propuestas que atiendan integralmente las reales necesidades del sector, impulsando una agenda sectorial que se basa sobre el fomento del mercado interno, un papel activo del Estado, la defensa del trabajo y la industria local, las exportaciones con valor agregado y la progresividad tributaria, entre otros puntos estratégicos para un proyecto de país con desarrollo nacional inclusivo», concluyó el dirigente.
Al inicio del debate, que también fue conjunto de los tres proyectos, el presidente de la comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Roberto Basualdo -cada vez más alineado con el oficialismo-, defendió la propuesta que dice incluir beneficios impositivos para las pymes y que al apuntar que con este tipo de iniciativas se incentiva «crear nuevas fuentes de trabajo». Lo cierto, es que estos beneficios solo serán capitalizados por empresas denominadas «medianas tramo 2» que las entidades solicitaron que fueran excluidas de forma explícita, pero no encontraron apoyo en los legisladores. Estas empresas son aquellas que tienen una facturación anual de 540 millones de pesos, es decir unos $45 millones mensuales. Ninguna pyme tiene semejante nivel de facturación.
«La mejor ley antidespidos es ésta que estamos aprobando», se entusiasmó el sanjuanino y apuntó que la normativa referida a Pymes «es un proyecto para producir y para combatir la inflación». Otra falacia, ya que en las condiciones de crisis que se encuentra el sector, ya contabiliza en miles los comercios que debieron cerrar sus puertas y dejar trabajadores en la calle producto de los desmedidos incrementos en sus estructuras de costos.
La Ley de Fomento de Inversiones para micro-empresas y pymes es otra improvisación más de este gobierno, en este caso refrendado por los legisladores de ambas Cámaras que se suma a los desaguisados que viene implementando el gobierno macrista y que en el llano, una vez que hayan desaparecido varios miles de las empresas creadas en los últimos diez años a partir de políticas de consumo y fortalecimiento del mercado interno, verán inviable sostener la actividad. Como viene sucediendo desde el 10 de diciembre a esta fecha, todo lo articulado desde la nueva administración solo beneficia a los sectores más concentrados de la economía, agro exportadores, mineras, empresas energéticas y al sector financiero que viene embolsando millones de dólares que salen del bolsillo de los asalariados y los sectores más vulnerables del entramado social.
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