Este lunes sorprendió la presentación de un proyecto firmado por senadores del riñón de la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuyo objetivo es recuperar parte de los dólares que duermen en el exterior producto de la fuga y la evasión fiscal por parte de argentinos y argentinas. La iniciativa prevé recuperar 70 mil millones de dólares, una suma que equivale cerca de la mitad de lo que se le debe al organismo internacional y que permitirá cancelar una porción sustantiva sin ocasionar ajustes en la clase trabajadora y a los jubilados y jubiladas argentinas. Conceptualmente, cumple con lo que le pidió Cristina a Alberto Fernández meses atrás durante un acto que compartieron, una de las últimas oportunidades en que se los vio juntos: que la deuda que tomó Macri para que los ricos la fuguen del país, la paguen los delincuente que evadieron al fisco y se llevaron los dólares, dejando a la Argentina en una situación de extrema vulnerabilidad.
La iniciativa propone la creación de un «Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI», a través de lograr que «quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados en el fisco, realicen un aporte especial de emergencia».
«Este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavado de dinero. Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares», subrayaron los senadores.
La idea surgió de una propuesta que hizo la vicepresidenta en diciembre pasado y que ahora aparece en momentos en que el Gobierno cerró un acuerdo con el FMI, en medio de duros cruces internos.
Concretamente, se trata de dos proyectos. El primero establece una reforma la ley de entidades financieras para eliminar el secreto bancario y ampliar la facultad de la Comisión Bicameral de Deuda para que el Estado se pueda enterar quién, cómo, cuándo y dónde están los evasores El Banco Central y la AFIP, empezarán a notificar las actividades financieras sospechosas y la Bicameral podrá tener atribuciones para investigar. También faculta al Jefe de Gabinete a solicitar la medida.
En tanto, el segundo proyecto crea un «Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI», con el objetivo de que quienes tengan bienes en el exterior «que fueron fugados y no están declarados ante el fisco realicen un aporte especial de emergencia».
La iniciativa, que fue presentada luego de que el gobierno firmara el acuerdo con el organismo multilateral de crédito para modificar los lapsos de devolución del crédito de más de 44 mil millones de dólares adquirido durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, recibió el respaldo público de Casa Rosada.
Los alcanzados por la norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.
El proyecto indica que «en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%», y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte «corren el riesgo de tener una pena en prisión», tal como lo estipula la ley vigente.
La norma también alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país, «cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina».
El proyecto establece además que habrá beneficios para quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. «Podrán colaborar tanto las personas físicas como entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30 por ciento de lo que se obtenga por la información aportada».
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