El abogado Gregorio Dalbón adelantó esta noche en diálogo con Pablo Duggan por C5N, que mañana acercará al bloque del Frente de Todos en el Senado Nacional la iniciativa para que elaboren un proyecto de Ley que obligue a la Justicia a retomar la presencialidad, del mismo modo que la Corte Suprema de Justicia obliga a los chicos y chicas de la Ciudad, y a los y las docentes a continuar saliendo a la calle para asistir a las escuelas a risego de contraer el Covid-19, la causa de muerte número 1 en Argentina y el mundo.
De esta forma, jueces, fiscales y personal administrativo deberá asistir nuevamente en forma regular a los juzgados y abandonar la virtualidad.
Desde su cuenta oficial en Twiter el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner adelantó sus intenciones: «Ojalá los Senadores traten un proyecto de ley y vuelva la presencialidad a la Justicia Nacional. Ya que no hay estudios científicos como para seguir virtualmente. Siempre en el sentido de la CSJN. Igualdad, que los jueces vayan a tribunales como los chicos van al Colegio».
Este martes el máximo tribunal falló, increíblemente en forma virtual, a favor de la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por mantener las clases presenciales en el ámbito metropolitano.
El fallo le da la razón al planteo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y reivindica la autonomía de la Ciudad incluso por sobre las decisiones del gobierno nacional en el contexto de la pandemia.
Los jueces determinaron que cuando “hay competencias concurrentes entre la Nación y las provincias en relación a la salud y la educación, que ambas ejercieron amigablemente hasta este conflicto, cabe resolver quién debe decidir cuando no hay acuerdo de concertación”.
En ese escenario, el fallo estableció que «cuando no hay acuerdo, es competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de las provincias adoptar este tipo de decisiones específicas”.
El fallo acepta que las medidas adoptadas por el gobierno nacional se inscriben en la gestión de la pandemia.
Pero subraya que “las medidas que se adopten deben respetar el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, en consonancia con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración titulada COVID-19 y Derechos Humanos”.
