El flamante ministro de Energía, Javier Iguacel, que entra como suplente luego de la salida del «rey del tarifazo», Juan José Arenguren, no cuenta con buenos antecedentes tras su paso por el gobierno macrista. Sucede Iguacel, viene de desempeñarse como director de Vialidad Nacional. Desde ese cargo mandó a construir un puente en Luján que era tan angosto que no pasaba el tren. La obra costó 1200 millones de pesos. Pero ese papelón no fue el único traspié del funcionario.

“El gálibo dado al ancho del nuevo puente hace que las locomotoras diesel modelos CKD8G/ CKD8H y todo el material rodante de origen chino no puedan circular ya que rozan con los parantes que se encuentran a cada costado del mismo», denunció en su momento la Unión Ferroviaria.

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En las redes, el propio Iguacel se había jactado de la obra: «Ayer sábado, se colocaron las 3 vigas de apoyo y se montaron 2 de los 4 puentes. Hoy llegan los 2 restantes y el puente del by pass a Luján estaria montado en su totalidad. ESTO ME EMOCIONA!», escribió el ahora ministro de Energía.

El flamante ministro de Energía -al igual que muchos funcionarios de la administración macrista- llegó a ocupar su cargo en «el mejor equipo de los últimos 50 años» sin contar con ninguna experiencia en el sector público. Por el contrario, pertenece al amplio elenco de funcionarios CEOs de Cambiemos: su carrera en el ámbito privado fue dentro del negocio petrolero, donde ocupó diversas funciones ejecutivas en empresas como YPF, Pluspetrol y Pecom.

Su incursión en la política tuvo un frustrado debut electoral como candidato de Cambiemos en el partido de Capitán Sarmiento, después de que en 2015 no pudiera arrebatarle el municipio al intendente del FPV Oscar Ostoich, quien logró mantener su cargo por quinta vez.

Después de esa fallida incursión, Guillermo Dietrich lo sacó del olvido y lo acomodó en su Ministerio como Director de Vialidad Nacional, el caballito de batalla de Cambiemos: tenía bajo su cargo la obra pública que el Gobierno se jactaba de ejecutar a un ritmo histórico, pero que ahora, tras la debacle económica y el acuerdo con el FMI, pasará al olvido.

Apenas asumió en su anterior cargo, Iguacel quedó en la mira de la justicia penal por una insólita designación en un área clave, que maneja todas las obras y licitaciones que lleva adelante el organismo.

A través de una resolución interna, el funcionario sumó un miembro polémico a su staff: nombró en la gerencia de “Planeamiento y Gestión de Infraestructura Vial” a un ciudadano estadounidense que no contaba con un título profesional de ingeniero, lo que le valió una denuncia por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, malversación de caudales públicos y usurpación de títulos.

Además, después de su raid mediático denunciando sobreprecios en las obras adjudicadas a Lázaro Báez, Iguacel fue escrachado por haber gastado 25 mil pesos por mes con fondos públicos en un curso para mejorar su oratoria, tal como lo demuestran las facturas emitidas por la Escuela de Arte de la que es propietaria la actriz Cecilia Maresca.

Pero eso no es todo, ya que en marzo de 2017, en su búsqueda por instalarse como referente de la segunda sección electoral, el funcionario de Cambiemos se cruzó con un intendente bonaerense para defender al primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, quien en los últimos días sufrió un pedido de embargo millonario en el marco de la investigación por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del tren Sarmiento, en la causa denominada Lava Jato.

En ese entonces, Iguacel se opuso a que el municipio de San Antonio de Areco le cobrara una millonaria tasa de división y mensura a IECSA –la firma que conducía Calcaterra- y en represalia “bajó” convenios con la comuna.

El intendente Francisco Durañona, lo acusó de “defender los intereses” de la firma vinculada a la familia presidencial, que debía abonar unos 25 millones de pesos por ese concepto.

El perfil de Iguacel presenta otras irregularidades: como no podía ser de otro modo, el funcionario macrista cuenta con 2 millones de pesos en sociedades offshore en Uruguay y Estados Unidos. Ahora deberá hacerse cargo de una política clave de Cambiemos como el tarifazo en los servicios públicos. ¿Cambio de nombre para que nada cambie?

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