Mirá en qué consiste el plan del gobierno para zafar del escándalo de Odebrecht

El fantasma de Odebrecht azuza al gobierno de cara las elecciones legislativas. La información que surge de las investigaciones en Brasil tiene en vilo a todo el gabinete y a la familia del presidente muy preocupados. Los ecos del escándalo saben golpearán duro en el proyecto de continuidad en el poder que tiene en su agenda Mauricio Macri y urge la necesidad de encontrar alguna herramienta que permita al gobierno esquivar la batahola.

Según explica y detalla en su edición de hoy el diario Tiempo Argentino, ya hay en marcha un plan para hacer zafar a las empresas que pagaron coimas. La maniobra consiste en incorporar a la Ley de Responsabilidad Empresaria una «cláusula transitoria» que posibilitaría a empresas como Odebrecht, cuyos delitos ya se cometieron, «confesar» frente el procurador del Tesoro. En Cambiemos creen que, de ese modo, la «delación» podría tener efectos retroactivos, ya que ocurriría en el ámbito administrativo, y no el judicial. Como premio por su aporte, las empresas pagarían una modesta multa y obtendrían permiso para seguir operando con normalidad.

La ley vigente en la Argentina equipara la responsabilidad del que paga con el que recibe. O sea: si un ejecutivo confiesa el pago de coimas, se lo juzga del mismo modo que al funcionario que corrompió. La «fórmula administrativa» ideada por el gobierno permitiría «indultar» a los empresarios y focalizar en los receptores de los sobornos. La ecuación favorece al gobierno por partida doble. Odebrecht admitió haber pagado coimas entre 2008 y 2014, es decir, durante la gestión K. Si Odebrecht mantiene el libreto, es probable que los nombres que surjan de su eventual delación embarre a funcionarios kirchneristas en plena campaña electoral. Por otro lado, la adenda ideada por el Ejecutivo pondrá a salvo a los pagadores, entre los que hay, según las investigaciones en marcha, varios empresarios cercanos al presidente Mauricio Macri.

Entre los diputados  -relata Tiempo- se bautizó a la norma como la Ley Angelo, porque uno de los beneficiarios directos sería Angelo Calcaterra, el primo presidencial. En rigor, el favorecido sería Iecsa, la firma que perteneció al Grupo Socma, pero que hoy posee Marcelo Mindlin, uno de los empresarios favoritos del presidente. Iecsa fue socio de Odebrecht en varios consorcios, entre ellos el que se adjudicó el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

El propio Macri ordenó sostener ese emprendimiento en manos de Iecsa aun después de que el escándalo de coimas estallara en Brasil. La «cláusula transitoria» permitiría poner a resguardo ese y otros negocios de Iecsa ante una eventual confesión de sobornos. No es el único grupo empresario que gozaría del beneficio. La norma también favorecería a la empresa más poderosa de la Argentina, el Grupo Techint.

Los legisladores de Cambiemos dieron el visto bueno y prometieron avanzar con el trámite legislativo. Pero el gobierno sabe que tiene otro frente de conflicto: la opinión pública. Las encuestas con las que cuenta el oficialismo indican que la mayoría de la sociedad argentina condena tanto al corrupto como al corruptor. Para torcer esa percepción, la maniobra legislativa se complementará con una campaña de propaganda que buscará instalar la idea de que las empresas se vieron obligadas a pagar coimas para «poder trabajar» en el país. Medios y periodistas afines al oficialismo ya comenzaron a reproducir ese mensaje, sostiene el diario gestionado por sus trabajadores.

El lunes pasado la justicia allanó dos veces a Iecsa SA. Un procedimiento fue ordenado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa en la que investiga coimas en la adjudicación del soterramiento del tren Sarmiento. La medida se extendió también a la española Comsa y a la italiana Ghella, que conformaban junto a Iecsa y Odebrecht la unión de empresas que obtuvo la obra. Luego fue el turno del allanamiento ordenado por el juez Sebastián Casanello, en la causa por lavado de dinero que tiene como acusado estrella al empresario Lázaro Báez.

El magistrado considera probado que Iecsa era cliente de la financiera SGI, conocida como «La Rosadita», la misma en la que operaba Lázaro Báez. Iecsa junto con Austral, la china Synohydro Corporation, Esuco SA y Chediak se asociaron para presentarse –sin éxito–a la licitación de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cipernic. Báez alegó que la inyección de dinero de la financiera Helvetic Service Group obedeció a esa compulsa. El fiscal Guillermo Marijuan sostiene que fue una maniobra de lavado vehiculizada a través de SGI, la financiera donde la Justicia halló un legajo de cliente de Iecsa.

En la misma causa, el juez sostiene que una de las piezas clave de la telaraña de empresas offshore que triangularon fondos de Báez a través de «La Rosadita» fue Teegan Inc., creada en Bélice, pero manejada desde Panamá.

Teegan Inc. operaba con una cuenta en el Credicorp Bank. La implicación de esa entidad es parte del juego de espejos que preocupa al gobierno: según se descubrió en el Lava Jato, Credicorp manejó al menos 300 de los 788 millones de dólares que confesó haber pagado Odebrecht.

El artículo completo en el siguiente enlace: Odebrecht: el plan del gobierno para «indultar» a las empresas que confiesen coimas