Una investigación realizada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y la Fundación Soberanía Sanitaria revela el nivel de ejecución del presupuesto nacional de salud. Es que según la cartera que conduce Jorge Lemus, el año pasado se llegó a superar el 95%.
Sin embargo, el estudio revela que solo se llegó a un 81%, lo que repercutió en la entrega de medicamentos y preservativos y leche para niños.
El documento del CEPA, enumera los programas que no llegaron al 80% de ejecución del presupuesto como el Instituto Nacional de Medicina Tropical, que se ocupa de enfermedades como el dengue o el mal del chagas, la Dirección de SIDA, el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable tuvo solo un 78,94 por ciento de ejecución presupuestaria.
El ex ministro y titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, Nicolás Kreplak, explicó que “por ejemplo, la falta de leche, que quizás no llegue grandes complicaciones de nutrición, sí puede generar pérdidas de potencialidad máxima en el desarrollo”.
Y agregó que “el no reparto de preservativos no solo implica que aumentan las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados sino que se pierde una política de Estado, que es que el preservativo esté siempre presente”.
Pensar la salud como derecho, entre otras cosas, es entender que el acceso a los servicios e insumos sanitarios no debe estar librado exclusivamente a la capacidad de pago de cada individuo o grupo familiar, sino que debe ser realizado de manera equitativa según las necesidades de las personas. En este contexto el presupuesto público toma una dimensión importantísima. La ampliación del presupuesto en salud debe venir acompañada de una ejecución eficiente que logre maximizar los beneficios y garantizar los derechos del pueblo. Por el contrario, la subejecución presupuestaria suele incidir negativamente en la salud de la población, reforzando las desigualdades sociales existentes y quitando derechos adquiridos. En el presente informe se pudo observar como la subejecución del presupuesto en salud, tanto del Ministerio de Salud de la Nación como el de la provincia de Buenos Aires, afectaron la entrega y disponibilidad de 4 insumos estratégicos en los centros de atención primaria de siete municipios de la provincia.
A la falta de provisión pública de leche se suma que en el mercado hubo un incremento del precio en promedio del 66,6%, por lo que se estima una caída del 25% en el consumo. El Programa REMEDIAR fue implementado durante el año 2002 debido a los efectos de la crisis económica y social del 2001, con el objetivo de generar acceso a los medicamentos esenciales y jerarquizar los CAPS de todo el país. Cuando están completos, los botiquines REMEDIAR dotan a los centros de salud de la capacidad de resolver cerca del 90% de los problemas de salud que requieren tratamiento medicamentoso. La falta de estos insumos en los CAPS puede generar problemas de los más diversos, que van desde el agravamiento de enfermedades como el asma, la hipertensión y la diabetes, hasta el aumento de la mortalidad infantil. Además, al quitar capacidad de resolución de los centros de salud, genera indudablemente un redireccionamiento de la demanda hacia los hospitales, creando un verdadero embudo en el proceso de atención con consecuente pérdida de calidad y acceso a los servicios de salud.
La subejecución en materia de salud también genera mayor erogación de gastos por parte de los municipios, obligándolos a redireccionar recursos antes utilizados para otras áreas. Los municipios terminan pagando un precio mucho más elevado por estos insumos, ya que compran cantidades muy inferiores comparadas a la nación y provincia, lo que hace que pierdan capacidad de negociación frente a los proveedores. En este contexto queda la pregunta si la subejecución observada, tanto en nación como en provincia, es fruto de la falta de capacidad gestora de los funcionarios o una decisión deliberada del gobierno de recortar el gasto público en salud. Independiente de la respuesta, este tipo de accionar denota una total irresponsabilidad y falta de compromiso con los más vulnerables. No ejecutar el presupuesto es una manera de retirar la presencia positiva del Estado de la vida de las personas, recortando derechos, ampliando la pobreza y las inequidades, con evidente perjuicio a la salud del pueblo.
