Unos 2.000 migrantes han cruzado este lunes hacia Macedonia tras varios días de espera en el campo de refugiados de Idomeni, en territorio heleno y tres de ellos murieron ahogados en el río Suva Reka, según la policía macedonia.
Se trata de un riesgo que los agentes fronterizos europeos barajaban desde el jueves pasado, según un documento interno que maneja la comisión Europea y al que ha tenido acceso EL PAÍS: “Hay un alto riesgo de una entrada en masa y a la fuerza”, explicaba el informe.
“Es de esperar que al nivel de frustración le seguirá una escalada de violencia que hará que los inmigrantes irregulares entren por la fuerza en Macedonia”, explica el documento de 12 páginas.
Y es que los agentes de fronteras ven poco creíble que las fuerzas de seguridad helenas y macedonias puedan contener la situación en sus fronteras por mucho tiempo más, especialmente en el campamento griego de Idomeni.
A pesar de que tiene una capacidad para unas 2.000 personas, en el campamento se hacinan unas 12.000. Si la situación se descontrola —algo “altamente probable”, según el informe— los expertos pronostican que la policía macedonia utilizará la fuerza.
El documento -que hace una radiografíoa por los escenarios más probables sobre las nuevas rutas que abrirán los migrantes- explica que si el camino por Macedonia se hace “incómodo” los migrantes abrirán una nueva ruta marítima que una el norte de Grecia con el sur de Italia: el mar Jónico.
Mientras tanto los rechazos al acuerdo de la UE con Turquía para la deportación masiva de refugiados, incluyendo los de nacionalidad siria siguen ampliándose.
España ya ha informado de manera oficial que su gobierno se opone a cualquier maniobra que signifique una deportación de esas características.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo afirmó a su llegada a Brusellas que la propuesta turca de recibir a los refugiados que lleguen a Grecia a cambio de enviar a la UE el mismo número de inmigrantes “nos pareció desde el primer momento inaceptable”.
“España se opone radicalmente a cualquier expulsión de tipo colectivo, pide un tratamiento individualizado y la suspensión de la deportación hasta que se produzca la resolución de ese tema y, si se ha de producir algún retorno, pide garantías para que se dé seguridad en la protección a los refugiados” aseguró enfáticzmente el canciller español.
