Los ministros europeos del Interior han discutido el esbozo de acuerdo alcanzado en la madrugada del martes con Turquía para expulsar a ese país a todos los extranjeros, incluidos los refugiados sirios, que lleguen a las costas griegas. Muchos países han expresado diferentes inquietudes –legales y de principios–para negarse a aplicar lo que se pactó con Ankara.
Frente a la adhesión casi sin fisuras que otorgaron al pacto los jefes de Estado y de Gobierno a principios de semana, los titulares de Interior se han mostrado mucho más recelosos respecto a los detalles.
Suecia, República Checa, Luxemburgo, Malta y, con matices, España y Portugal han arrojado dudas sobre la posibilidad de aplicar lo pactado con la ley en la mano, según las fuentes consultadas. De manera más amplia, Francia, Austria y Bélgica han alertado de que Ankara debe cumplir todas las condiciones exigidas para eliminar la obligación de visado entre Turquía y la UE.
El ministro sueco, Morgan Johansson, ha lanzado la idea de que todos los países que rechazan integrar a asilados deberían dejar de participar en Schengen, un dardo envenenado al bloque del Este, muy apegado a la libre circulación pero también muy renuente a acoger demandantes de asilo.
En público, el mensaje más escéptico provino de la ministra austriaca, Johanna Mikl-Leitner. “Me preocupa que Turquía ponga bajo tutela un periódico crítico con el Gobierno y que tres días más tarde presente una lista de deseos a la UE” afirmó con energía la funcionaria.
Pese a desplegar esa retórica fue Austria el país que, con su fijación de cuotas al paso de refugiados por su territorio, desencadenó los controles del resto de países de la llamada ruta de los Balcanes, que finalmente ha quedado clausurada.
