La fiscalía de Sao paulo pidió este jueves prisión preventiva para el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva tras denunciarlo por los presuntos delitos de lavado de dinero y ocultamiento de bienes.
Los fiscales de Sao Paulo dijeron que los cargos contra Lula da Silva y sus familiares siguen a una investigación que ha durado cinco años y que la medida se reclama para garantizar la aplicación de la ley penal y la normalidad en la instrucción del proceso.
El fiscal del estado Cassio Roberto Conserino dijo que el ex presidente se benefició injustamente de proyectos inmobiliarios financiados por una cooperativa de banqueros de Sao Paulo. Su reclamo deberá ser analizado ahora por el juez Sergio Moro que tiene la causa en sus manos.
Lula ha negado que haya cometido algún ilícito y rechazó que sea el propietario de un departamento en un condominio de lujo en el balneario paulista de Guarujá, que se menciona en el caso.
Sus abogados pidieron al Supremo Tribunal de Justicia de Brasil que decida si los fiscales estatales invadieron la jurisdicción de otra investigación federal relacionada con los sobornos en la petrolera estatal Petrobras.
UN ESCENARIO POLITICO EN EBULLICIÓN
La noticia de la prisión reclamada por la fiscalía de San Pablo se conoció mientras Lula mantenía una reunión con la plana mayor del PT en esa misma ciudad para analizar la situación política y trazar una estrategia frente a lo que se estimaba como inminente.
Entre los temas a discutir estaba un reclamo de un sector del partido que planteaba la necesidad de integrar al ex mandatario al gabinete de ministros de Dilma Rousseff como una manera de darle a la presidenta un mayor poder político y de negociación.
Lula da Silva nunca vio con buenos ojos esa alternativa y trascendió que concurrió al encuentro con una respuesta negativa a esa posibilidad que por cierto, si se concreta el pedido de prisión en su contra, quedará totalmente descartada.
La noticia, que estremece al mundo político brasileño, se conoció cuando faltan pocas horas para la concreción de marchas a favor y en contra del gobierno de la presidenta Dilma, convocadas para el domingo próximo en las principales ciudades del país y que se espera sean multitudinarias.
En el Planalto, la sede del gobierno federal en Brasilia, se respira un clima pesado y de profunda preocupación por las consecuencias que traerá la confirmación del pedido de la fiscalía paulista en contra de Lula da Silva.
Los principales referentes del gobierno y el parlamento, tanto propios como aliados de Dilma, son conscientes que una foto de Lula conducido en un patrullero a prisión puede socavar las de por sí debilitadas bases de sustentación del gobierno brasileño.
Los principales analistas políticos entienden que las próximas horas pueden ser definitorias de la suerte que pueda correr la presidenta. Un impeachment en su contra junto con (o además de) un proceso penal contra el dos veces presidente formarían el cóctel ideal para que la oposición avance con el derrocamiento del gobierno actual.
Los bandos opositores que mayor encono muestran contra Dilma cuentan con el respaldo incondicional de los grandes medios de comunicación gráficos y audiovisuales de Brasil, además de los sectores económicos y financieros que manejan hilos de poder muy gruesos y que, en estas horas, juegan todas sus fichas a una rápida caída del gobierno.
