Tres meses después de los atentados de París, la reforma impulsada por el presidente François Hollande para inscribir en la Constitución francesa el estado de emergencia y la pérdida de nacionalidad a condenados de terrorismo, fue aprobada por los diputados, lo que no prejuzga su adopción definitiva.
Después de semanas de apasionados debates, el proyecto de ley llamado de “protección de la Nación”, fue adoptado por la Asamblea Nacional (Cámara baja) por 317 votos a favor, 199 en contra y 51 abstenciones.
La reforma fue adelantada por Hollande sólo tres días después de los atentados del pasado 13 de noviembre en París, en los que murieron 130 personas, y ha provocado grandes grietas en sus propias filas socialistas y también en las de la oposición conservadora.
La reforma deberá ser ahora sometida al Senado, donde es mayoritaria la oposición de derecha, y ser aprobada en términos idénticos al texto votado en la Asamblea. Luego será sometida a las dos Cámaras reunidas en Congreso, donde la adopción requiere la aprobación por tres quintos de los votos expresados.
La revisión consiste en la introducción en la Carta Magna de dos artículos, uno sobre el estado de emergencia y el otro sobre la pérdida de la nacionalidad francesa para los autores de crímenes y delitos terroristas. Esta votación revestía una importancia crucial para Hollande. Su rechazo hubiera enterrado la iniciativa y significado una espectacular desautorización para el presidente, potencialmente devastadora para sus ambiciones de obtener un segundo mandato en la elección de 2017.
Sin embargo, el gran escollo con que se encuentra la iniciativa de Hollande, defendida con firmeza por el primer ministro Manuel Valls, llega con su propuesta de despojar de la nacionalidad francesa a aquellos condenados por delitos graves contra la nación.
Tal como está redactado el proyecto, el artículo 34 de la Carta Magna será enmendado para determinar que “la ley fija las reglas de las condiciones bajo las cuales una persona podrá ser despojada de la nacionalidad francesa cuando sea condenada por un delito que constituya un ataque grave contra la vida de la nación”.
Aquí, la batalla promete ser encarnizada. Tanto, que Valls no ha dudado en usar un lenguaje casi bélico contra quienes pretendan hacer fracasar la reforma.
