Es por no remitir la designación de Marcos Cleri como consejero de la Magistratura, y en su lugar enviar la designación de un diputado que no pertenece a la primera minoría de la Cámara. También denunciaron la adulteración de un documento público al incluir como avales a la designación ilegítima a diputados que no prestaron ni su conformidad ni su firma.
En una maniobra gestada entre gallos y medianoche, la alianza gobernante pretende arrogarse la representación en el Consejo de la Magistratura que por derecho le corresponde hasta noviembre de 2018 al bloque de diputados del FpV-PJ, con el objetivo de controlar la designación y remoción de jueces de la Nación.
De acuerdo al artículo 2 de la ley 24937, el Consejo de la Magistratura se integra con trece miembros: tres senadores y tres diputados nacionales, tres jueces, dos representantes de los abogados, uno del ámbito académico y uno del Ejecutivo. En el caso de los diputados y senadores, corresponden dos miembros por el bloque mayoritario y uno por el minoritario.
En noviembre de 2014, el bloque del FpV-PJ designó con mandato hasta noviembre de 2018 al diputado nacional Eduardo De Pedro. En marzo de 2015, De Pedro renunció para hacerse cargo de la Secretaría General de la Presidencia y en su reemplazo fue nombrada Anabel Fernández Sagasti. A su vez, el 10 de diciembre de 2015 Fernández Sagasti concluyó su periodo como diputada de la Nación y en su lugar el bloque designó al diputado Marcos Cleri, mediante nota que fue girada al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, el 15 de diciembre.
Este trámite, que debió ser completado automáticamente con su remisión al Consejo, no sólo no se concretó, sino que dio lugar a la maniobra ilegal de la designación de un diputado perteneciente a un bloque que cuenta con sólo 42 integrantes, frente a los 98 diputados del FpV-PJ. No queda ninguna duda de que el bloque FpV-PJ es mayoritario en la Cámara de Diputados, y como tal le corresponde la representación de dos consejeros.
Además, en la RP 1255/15, fechada el 23 de diciembre y que pretende nombrar al diputado del Pro Pablo Tonelli como consejero, el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó incluyó el aval de legisladores que sólo se enteraron ayer y por la prensa de ese supuesto aval.
«Nuestra intención desde el primer día es garantizar la gobernabilidad y no poner palos en la rueda. Es el propio gobierno nacional el que se pone palos en la rueda actuando de facto tanto en este caso como en la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia», sostuvo un comunicado del bloque.
Además lamentaron que la UCR participe en esta maniobra, cuando los antecedentes marcan que siempre se respetó su voluntad cuando en el pasado hubo que realizar reemplazos en el Consejo de la Magistratura. El 13 de diciembre de 2007, el entonces titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, por RP 1007/07 aceptó y giró sin objeciones al Consejo la designación de Oscar Aguad en lugar de Federico Storani, pese a que Storani no tenía designado ningún suplente. Lo mismo ocurrió el 12 de noviembre de 2003 (RP 879/03), en el reemplazo de Marcelo Stubrin por el designado Juan Jesús Mínguez.
Ante la gravedad de los hechos, la Corte Suprema de Justicia debe abstenerse de tomar juramento tanto a los jueces designados por decreto como al consejero ilegalmente propuesto por la alianza gobernante, y el Consejo de la Magistratura no debe reconocer la designación de Tonelli.
