Más de cuatro años después de que los estudiantes de Chile salieran a las calles en demanda de una educación pública gratuita y de calidad, el Congreso aprobó este miércoles la ley que permitirá que cerca de 200.000 universitarios no paguen por sus estudios a partir del próximo curso, que comienza en marzo de 2016.
La medida fue impulsada por el Gobierno de Michelle Bachelet, que llegó a La Monedad con la gratuidad como pilar esencial contra la desigualdad. “Dimos un paso importante que hasta hace poco era impensable y parecía imposible de realizar. Este 2016 miles de jóvenes podrán estudiar gratis”, indicó la mandataria.
La histórica medida beneficiará en una primera etapa a 178.104 estudiantes, lo que corresponde a un 27,5% de todos los universitarios del país. Se trata de un proceso paulatino que culminará en 2020 con la gratuidad universal de la educación superior, según los compromisos asumidos por el actual Ejecutivo.
Cuando finalice el mandato de Bachelet, en marzo de 2018, el 70% de los estudiantes más vulnerables podrán estudiar sin pagar.
El debate en el Parlamento ha sido complejo y el Ejecutivo debió negociar con la oposición hasta última hora del miércoles, cuando los congresistas aprobaron la legislación. Pese a que la medida rompe con el modelo de enseñanza vigente en Chile en los últimos 35 años, regido por las leyes del mercado, finalmente fue aprobada por un amplio espectro del mapa político chileno.
“A pesar de los intentos de la derecha por torpedear el avance de la gratuidad, ganamos una batalla importante”, escribió en Twitter la diputada comunista Camila Vallejo, exlíder del movimiento estudiantil, ahora parte del oficialismo.
La ley que garantiza la universidad gratuita se aprobó cuatro días antes de que los jóvenes conozcan sus resultados en las pruebas de selección universitaria, el próximo domingo 27, y comience el periodo de postulaciones.
La norma beneficiará a los estudiantes inscritos en alguna de las 25 universidades que pertenecen al Consejo de Rectores (CRUCH), que agrupa a las 16 universidades estatales y a las nueve privadas de mayor tradición en el país.
Además de las universidades, los jóvenes estudian en institutos profesionales y centros de formación técnica, todos manejados por entidades privadas. En estos centros están inscritos los sectores más desposeídos de la población. Aunque la ley no contempla la gratuidad para estas instituciones, el Gobierno financiará a los estudiantes de 14 planteles técnicos a través de las becas Milenio.
