“Por primera vez en Chile se debate sobre la responsabilidad del Estado en la entrega de un derecho social como la educación”, señaló el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi quien además define al panorama actual en su país como una situación propia del realismo mágico.
“Lo segundo que está en juego es la diferenciación entre lo público y lo privado, porque se ha llegado a decir que el Estado debe financiar la gratuidad en las universidades privadas y no en las públicas”. afirmó Vivaldi, quien elaboró un informe de situación en torno de la educación universitaria de Chile.
Las universidades chilenas tienen unos de los aranceles más altos del mundo si se compara con el poder adquisitivo de la población, y el principal canal de financiación es de origen privado: proviene de las propias familias.
Los niveles de endeudamiento son muy altos, la calidad de la educación no está garantizada y, finalmente, el sacrificio no se expresa en el mercado laboral. Ninguna universidad es gratuita.
Las universidades chilenas se dividen en estatales (16) y privadas (casi 40). Existe, sin embargo, una tercera distinción: un organismo llamado Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, que agrupa a las 25 universidades tradicionales creadas antes de las reformas de los años ochenta.
El Estado financia directamente un porcentaje bastante bajo del presupuesto de las instituciones de educación superior. Incluso en las universidades que son propiedad del Estado, el financiamiento directo es mínimo.
El fisco utiliza más bien una fórmula indirecta: entrega recursos a través de becas y créditos a los estudiantes de distintos tipos de instituciones, tanto públicas como privadas.
En abril de 2013, en plena campaña, Michelle Bachelet se mostró contraria a que el Estado pague la educación superior de los estudiantes ricos y pobres: “No encuentro justo que el Estado pague la universidad de mi hija si puedo pagarla”.
Aunque la socialista cambió de opinión, este debate se ha mantenido durante dos años: ¿ayuda a combatir la desigualdad o es regresivo que el fisco le pague la educación a los más ricos? De acuerdo con Claudia Sanhueza, académica del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, “la educación superior gratuita universal no empeora la distribución del ingreso, que en Chile es muy desigual”.
El pasado 21 de mayo Bachelet anunció que adelantaría la gratuidad y señaló que a partir de 2016 su Gobierno aseguraría que el 60% más vulnerable de los estudiantes accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin becas ni créditos.
Contemplaba a los alumnos de las universidades del Consejo de Rectores, institutos profesionales y centros de formación técnicas acreditados y sin fines de lucro. Los criterios anunciados para la gratuidad no parecieron ser suficientes para algunos sectores.
El Gobierno revisó la fórmula y, finalmente, como se sumaron nuevas casas de estudios, el Ejecutivo anunció en agosto que la gratuidad en 2016 incluiría al 50% de los estudiantes más vulnerables y que sumaría a algunas universidades privadas.
El pasado 10 de diciembre el organismo reprobó la fórmula del Ejecutivo, por considerar que los requisitos para elegir a las instituciones beneficiadas eran arbitrarios y discriminadores. “Algunos quieren impedir que cumpla mi palabra”, señaló Bachelet.
Hoy, el Ejecutivo chileno trabaja a contrarreloj para establecer cuáles son las instituciones que se podrían acoger a la gratuidad, porque se esta a punto de cumplir el plazo para que las casas de estudio informen si quieren optar al beneficio.
