El equipo del candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, comenzó a revelar su verdadera cara: el aumento abrupto del tipo de cambio oficial, la desregulación del mercado, la quita de subsidios con la revisión de las tarifas y la reprivatización de las empresas públicas recuperadas en la última década.
El referente de Cambiemos en materia de energía y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, propuso evaluar la posibilidad de una reprivatización de YPF, exigió la devaluac
ión del dólar oficial con liberalización del mercado cambiario y negó que en un eventual gobierno de Mauricio Macri se persiga el autoabastecimiento energético.
Por su parte, el posible ministro de Economía de esa fuerza en caso de acceder al gobierno y ex banquero central, Alfonso Prat Gay, admitió que buscan un salto importante del dólar oficial.
Aranguren sostuvo que “desde el punto de vista técnico tiene que analizarse qué es lo que se ha hecho en los últimos tres años a la fecha y evaluar el plan de negocios de la compañía, para poder recomendar o no la continuidad de este tipo de administraciones”, en referencia al control mayoritario de YPF por parte del sector público. Por ello, el candidato por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli aseguró que “quieren decir entre líneas, encubiertos, disfrazados bajo la palabra cambio, que quieren devolver a YPF a manos privadas y sabemos eso las consecuencias que eso trajo” (ver página 10).
El ex CEO de Shell, acusado de instigar y forzar a una devaluación en enero de 2014, se proclamó a favor de la liberalización del tipo de cambio y la eliminación de la administración cambiaria. “Hay que lograr tener un único tipo de cambio y el libre flujo de divisas que entran y salen del país”, indicó Aranguren con el fin de incentivo las inversiones extranjeras del sector energético.
En tanto, para Prat Gay “la devaluación ya sucedió porque no hay un solo tipo de cambio. Ya está absolutamente aceptada por la economía que existe la devaluación. La propuesta nuestra es unificar todo en un precio. Hay siete tipos de cambios diferentes, los vamos a unificar en uno, y así van a subir los que están bajos (como el oficial) y van a bajar los que están altos”. En este sentido, el economista agregó que “lo que va a suceder es que va a subir el oficial, que no afecta prácticamente a nadie, y van a bajar todos los otros que afectan a la gran mayoría de la población”.
Para Aranguren y Prat Gay la clave es la liberación cambiaria con devaluación, desregulación del mercado energético y un eventual achicamiento de la YPF estatal o su reprivatización. Este viraje tiene como objetivo facilitar el ingreso de inversiones extranjeras multinacionales sin restricciones y con un tipo de cambio alto, para obtener rentabilidad garantizada por el marco regulatorio, posibilidad de exportación de la producción y la libre remisión de las utilidades, fomentando la fuga de capitales.
En ese escenario, el autoabastecimiento carece de relevancia, y así lo señaló Aranguren. “No es relevante recuperar el autoabastecimiento. Hay que alcanzar la seguridad energética, que es acceder a energía variada, accesible y a precios razonables”, señaló. Esto fue una doble crítica a la política oficial: por un lado, a los subsidios al consumo de gas y energía, y por el otro, al sostenimiento de los precios del petróleo por encima de los internacionales luego de la caída de las commodities, con el objetivo de sostener las inversiones del sector y así sustituir las importaciones de energía.
Aranguren apuntó a la quita de subsidios a la energía, tal como ya había anunciado la candidata a vicepresidenta de Cambiemos, Gabriela Michetti. No obstante, el posible ministro de Energía de Cambiemos aclaró que una parte de los más necesitados podría seguir recibiendo ayuda: “los subsidios deben ser a quienes los necesitan y no a todos”.
“Estoy convencido que en los próximos cuatro años vamos a reordenar el sector energético y recuperar el marco regulatorio que tiene plena vigencia desde el punto de vista legal”, sostuvo Aranguren, en referencia a las regulaciones sobre servicios públicos de los años noventa, tan beneficiosas para las compañías privadas que incluso habilitaban una actualización en dólares en base a la inflación de los Estados Unidos.
Prat Gay también anunció una desregulación del comercio: “El Estado no
regula lo que tiene que regular, y regula lo que no debería, como por ejemplo si un productor tiene permiso para importar o exportar.”
Esta postura tuvo una fuerte resistencia por parte de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). La organización empresaria entregó un documento a los candidatos presidenciales en el que defendió las protecciones comerciales: “es fundamental que las señales de política económica permitan evidenciar que, frente a procesos de inversión significativos, existen instrumentos de resguardo frente a una eventual competencia externa agresiva”.
Por otro lado, los empresarios sostuvieron que el tipo de cambio tiene que ser administrado en base a un eventual “equilibrio de largo plazo acompañado por políticas fiscales y arancelarias que permitan precisar un esquema acorde a los requerimientos de cada actividad»
