El presidente Alberto Fernández anunció en la tarde de este lunes el inicio del proceso de intervención transitoria via DNU de la cerealera Vicentin, luego que la empresa incumpliera con sus obligaciones y quedara envuelta en un escándalo que le pega de lleno al macrismo.
La intervención será el paso previo a enviar al Congreso un proyecto de ley de declaración de utilidad pública y expropiación. El objetivo es rescatar a la empresa, cuyo principal acreedor es el Banco de la Nación, para que cumpla el rol de empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos.
“Queremos que la empresa siga funcionando, que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo y que los pequeños productores puedan seguir vendiéndole lo que producen”, aseguró el mandatario, que estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; por la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, y por el designado interventor, Gabriel Delgado.
El Presidente destacó que el objetivo es “rescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que tiene particular relevancia como es el mercado de granos y de cereales”.
“Que el Estado cuente con una empresa testigo en el sector es algo muy importante”, expresó, y consideró que la medida es “estratégica” y que “favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria”.
Por su parte, Kulfas también destacó la importancia de “tener una empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios”.
El proyecto de ley busca declarar a Vicentin de utilidad pública y sujeta a expropiación para que pase a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro, con lo que se replicará el modelo de gestión mixta. YPF Agro es una compañía de la petrolera nacional que comercializa semillas, productos para la protección y nutrición de cultivos, además de silo bolsas y lubricantes.
El interventor designado por el Estado Nacional es Gabriel Delgado, «un experto en temas agropecuarios» según lo calificó el mandatario, que fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, es doctor en Finanzas de la Universidad del CEMA y economista del INTA.
Más allá de la intervención, el proceso de convocatoria de acreedores que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista seguirá su cauce normal. Y se pondrá a disposición de la Justicia toda la información para que se lleve adelante la investigación sobre el proceso de vaciamiento al que fue sometida la empresa.
Vicentin, líder en la producción de alimentos, entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019 como resultado de un proceso de vaciamiento. El principal acreedor de la empresa es el Banco Nación, que concentra el 80 por ciento de la deuda financiera.
La empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.
Vicentín estaba en la mira desde diciembre de 2019 cuando informó que entró en un proceso de “reestructuración de pagos” a partir de una situación de “estrés financiero”. La principal aceitera de Santa Fe y una de las más grandes del país entró en cesación de pagos con una deuda bancaria total de poco más de 23.500 millones de pesos.
Posteriormente se conoció que del total de la deuda, $18.500 millones corresponden a un crédito otorgado por el Banco Nación, lo que se tradujo en fuertes críticas a la conducción de González Fraga en el Banco Nación ya que este crédito superaría los límites establecidos por la normativa bancaria y representan más del 20% del patrimonio computable de la entidad.
El Gobierno decidió la creación de YPF Agro S.A. y la intervención de Vicentín, unificando la operación de las compañías. El objetivo es “rescatar” a la empresa para que pueda hacer frente al pago de deudas a productores de interior, renegociar con los bancos acreedores y asegurar la paz social y estabilidad laboral con gremios.
Asimismo se incentivará a través de proyectos de ley el aumento de la producción vegetal, incentivo a prácticas de riego, incorporación de maquinaria. También se propiciaría la exportación de proteína para humanos y se fomentaría la biotecnología.
El flamante interventor, Gabriel Delgado es Doctor en Finanzas, especializado en Finanzas Rurales y Licenciado en Economía Agropecuaria.
Fue Director del ex Centro de Investigación en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales (CICPES) del INTA, hoy Centro de Investigación en Economía y Prospectiva (CIEP).
Desde 2013 al 2015, fue Secretario de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, desginado mediante decreto del Poder Ejecutivo Nacional. En 2013 y por un periodo de 6 meses asumió como Gerente General de INTeA S.A. (Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias), unidad de soporte y nexo entre el INTA y los actores de la cadena agroindustrial.
En 2010 fue Presidente de la Asociación Argentina de Economía Agraria. Desde 2006 al 2013, se desempeñó como Director Nacional de Sistemas de Información, Comunicación y Procesos del INTA, además de participar en cuestiones relacionadas con la economía y la política agropecuaria desde la Institución.
Vicentin solicitó en febrero pasado la apertura de su concurso preventivo de acreedores. En total, según medios judiciales, la deuda de la compañía asciende a u$s1.350 millones, de los cuales unos 1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola. El Banco de la Nación es uno de los principales acreedores. Con el cambio de gestión a comienzos del año, las nuevas autoridades de la entidad oficial iniciaron un sumario administrativo luego de detectar que durante la gestión de Cambiemos el Banco Nación le otorgó préstamos a Vicentín por $18.700 millones.
En lo que se refiere a la cantidad de acreedores, 1.895 son por compra de granos, 586 de bienes y servicios, 37 financieros, 19 fiscales y aduaneros, 98 accionistas, y tres sociedades vinculadas.
Por la estafa entre el anterior directorio del Banco Nación y la cerealera, el fiscal federal Gerardo Pollicita imputó en febrero de este año a Javier González Fraga, último presidente del Banco Nación durante la Administración macrista en la causa en la que se investiga si es que las autoridades de la principal entidad bancaria estatal incurrieron en delito cuando le permitieron a la cerealera Vicentín acumular una deuda $18.500 millones en contra de las normativas que rigen el funcionamiento del banco.
Pollicita impulsó el caso por la posible defraudación no solo contra quien fue presidente del Banco Nación en los últimos tiempos del gobierno de Mauricio Macri, sino también contra los empresarios Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, que encabezan la firma Vicentín.