En el actual contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, uno de los colectivos más afectados es el de las personas trans, travestis y LGBT+, debido a su ya existente situación de vulnerabilidad.
Según distintos informes, su expectativa de vida es de 35 años, 6 de cada 10 abandonan los estudios secundarios debido a la discriminación, el 34% tienen VIH y dificultad para acceder a los tratamientos antirretrovirales y el 83% fue víctima de violencia policial.
Además, se enfrentan a la dificultad para acceder a un trabajo formal, muchas veces teniendo que ejercer la prostitución, y la falta de un recibo de sueldo reduce drásticamente sus posibilidades de acceder al alquiler de un inmueble.
Según un informe del bachillerato popular trans “Mocha Celis” el 65% vive en hoteles, el 22,5% alquila, el 6,6% vive en refugios o está en situación de calle y solo el 5,9% tiene casa propia.
Si bien en los últimos años hemos visto un avance en la legislación como la Ley de Identidad de Género sancionada en el año 2012 y la Ley de Cupo Laboral Trans en la Provincia de Buenos Aires en 2015, los planes asistenciales desde el Estado suelen tener una mirada heterosexista, ya que contemplan a una familia tipo.
Frente a la actual coyuntura, no sólo su situación habitacional sigue siendo vulnerable sino que se encuentran sin sustento económico ante la imposibilidad de trabajar, ya que la mayoría de las personas trans vive al día, sumado a que muchas son pacientes de riesgo o tienen VIH.
A pesar del decreto del presidente Alberto Fernández de prohibir los desalojos, en las semanas posteriores al mismo, la policía de la Ciudad los llevó a cabo en diferentes hoteles de Once, Constitución y Flores.
Por otro lado, existen organizaciones sociales como “100% Diversidad y Derechos” que ha entregado kits de limpieza y alimentos y desde el gobierno nacional, se ha impulsado un trabajo articulado entre el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Desarrollo Social.
La asistencia no involcura sólo planes de asistencia alimentaria, sino también la inclusión de 3229 personas en el programa “Hacemos Futuro” que busca que finalicen sus estudios y puedan capacitarse para insertarse en el mercado laboral