Hoy la OA pedirá la elevación a juicio oral de la ex presidenta Cristina Kirchner, de Julio De Vido y de casi una decena de altos funcionarios en la denominada causa por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez.
Este pedido se da en la lógica macrista de encarcelar a los exfuncionarios a como de lugar y enviar un mensaje mafioso a quien se quiera oponer al ajuste que busca impulsar el gobierno y que choca contra los derechos de los trabajadores, jubilados y población en general.
Sin embargo, la verdadera novedad -cuenta Clarín esta mañana- es el pedido de los abogados de la OA, que depende de Laura Alonso, para que la ex Presidenta y los demás procesados por administración fraudulenta y asociación ilícita sean acusados por 51 defraudaciaciones distintas en lugar de un único delito. De ese modo, si el pedido prosperara, la ex mandataria podría acumular sentencias con una pena total de 50 años de cárcel, lo máximo que permite el Código Penal, se entusiasman en algunas oficinas del Estado.
En la dependencia que conduce la no abogada entienden que es un pedido disruptivo. Existe jurisprudencia en contra de la Corte Suprema, como “el fallo Pompas”, que entiende que el delito de defraudación por administración fraudulenta “tiene en mira la totalidad de la gestión involucrada” por lo que la reiteración no se contabiliza y el delito sigue siendo “único e inescindible”.
A pesar del embargo por $ 10 mil millones de Ercolini a Cristina Kirchner, saben que la asociación ilícita, por la que también está procesada la ex Jefa de Estado y que tiene un máximo de 10 años de prisión, es mucho más difícil de probar que la administración fraudulenta, que tiene un máximo de 6 años de prisión.
Técnicamente, a la ex Presidenta podría caberle -según consideraron- responsabilidad “solo” en 49 de las 51 obras adjudicadas a Báez. Dos ya habían sido ejecutadas cuando asumió al frente del Ejecutivo nacional el 10 de diciembre de 2007. Muchas otras estaban en ejecución. Como las terminadas, habían sido encargadas durante la gestión de su esposo y antecesor Néstor Kirchner.
La firma de la ex mandataria sin embargo, solo aparece en las reasignaciones de partidas presupuestarias. La firma de De Vido, López y Periotti, en cambio se replica una y otra vez.
A pesar del cambio de paradigma que significaría imputar a la ex mandataria y los demás procesados por 51 defraudaciones, en la OA son optimistas del éxito de su planteo. El verdadero objetivo, de todos modos, es que la elevación a juicio prospere y que Cristina Kirchner esté sentada en el banquillo de los acusados en diciembre de 2018.