El intendente de Vicente López, Jorge Macri, fue sobreseído en una causa en la que había sido denunciado por una presunta defraudación en la venta de un aserradero en la provincia de Corrientes.
La resolución que lo desvinculó de la imputación salió antes de que la Corte Suprema definiera qué juez debía, en última instancia, investigar al primo del presidente Mauricio Macri.
La Corte resolvió el 29 de agosto pasado que la jueza de instrucción Silvia Ramond debía quedar a cargo el expediente. En rigor, para ese entonces la magistrada ya había resuelto el sobreseimiento del intendente, mediante una resolución fechada el 1° de agosto.
La causa se inició el 14 de junio de 2016 por una denuncia formulada por el empresario Felipe Luis Domínguez ante la Cámara del Crimen. Por sorteo, recayó en el juzgado de Ramond, quien fue la primera en “prevenir” en el expediente.
Domínguez, apoderado de la empresa extranjera World of Houses, denunció que “habría sido defraudado al arrendarle un aserradero a Agromadera S.A., ubicado en la provincia de Corrientes”.
El contrato por el alquiler se había firmado en Vicente López, por lo que por una cuestión de territorialidad se trabó una “cuestión de competencia” entre el juzgado porteño y el de Garantías número cuatro de San Isidro.
La jueza Ramond no podía –porque el Código Procesal no se lo permite- paralizar la causa. Eso ocurre habitualmente en la práctica, pero no debe pasar. Y en este caso, además, la fiscalía, sobre la base de un dictamen fiscal, entendió que no había delito y, en consecuencia, no impulsó la acción penal y recomendó su archivo.
¿Alguien más podía impulsar la acción penal? Sí, el “particular damnificado”, es decir
aquel que siente que ha sido directamente perjudicado por una conducta de un tercero.
Domínguez, como apoderado de la empresa extranjera, quiso ser “querellante”, pero la jueza no se lo permitió. Entonces sin querella y huérfano de impulso fiscal el expediente estaba virtualmente cerrado antes de empezar.