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La líder de la organización Tupac Amaru fue trasladada al ministerio público de la acusación para notificarse de la novedad; se trata de dos denuncias en las que los denunciantes no pudieron probar que la dirigente haya sido quien promovió el amedrentamiento en su contra.

En un fallo unánime de Cámara, avaló todo lo hecho por el organismo durante el gobierno de Cristina Kirchner, y bajo esa premisa, rechazó la pretensión de un litigante que quería cobrar más por sus bonos atados al coeficiente CER, elaborado sobre la base de índices de precios al consumidor, y que consideraba que se había subestimado la inflación.