Daniel Capa y la semana política

Muy interesante lo que ocurrió políticamente esta semana. El fuerte reclamo policial bonaerense puso en juego dos cosas: 1) el nivel de ensayo desestabilizador de un núcleo político-mediático que actuó por sobre la demanda salarial y 2) el dispositivo de respuesta rápida trascendiendo la coyuntura, del gobierno argentino. La fuerza policial demandó salario y condiciones de trabajo, pero desde lo político estuvo dominado por viejos segmentos que observan con lógica preocupación que la gestión de Axel Kicillof se encamina hacia políticas de seguridad que poco tienen que ver con lo instrumentado por Vidal y Ritondo. Ahí radica una buena parte del descontento de pequeños pero influyentes grupos policiales y no policiales sobre el tema. La provincia de Buenos Aires marca un rumbo de re-industrialización (aún en marco de pandemia) que ya comenzó a visualizarse con medidas para favorecer la recuperación productiva.

El avance de un modelo industrialista que, a partir del incentivo a la demanda y de planes audaces, vaya generando un vigoroso mercado interno y una marcha hacia el pleno empleo, va a requerir de una política de seguridad cuyo objetivo sea cuidar a los trabajadores. Por varias razones, cuidar a los trabajadores se contrapone con esconderse tras la fluidez de los negocios turbios que hoy dominan la escenografía de una parte de la fuerza bonaerense.

La resistencia al ministro de Seguridad (insólitamente mas criticado en el interior del campo popular que en sus afueras), es la resistencia a la conducción política y civil que debe imperar en una fuerza policial que será auxiliar del modelo industrial que se desarrollará. La resolución puntual al conflicto desatado esta semana, es la primera parte de la solución. Vendrá ahora la dura tarea de disciplinar y conducir una tropa con políticas inteligentes (como las que dieron base al desmantelamiento de la protesta) y orientadas hacia la seguridad ciudadana en base al concepto de modelo de crecimiento del aparato productivo.

La generación de empleo (principalmente industrial) reducirá (no sencillamente) los niveles de delitos básicos, y quedará a resolver la desarticulación del delito mas grave vinculado a la articulación con los negocios y los negociados.La población policial mas joven tendrá que ser la mas beneficiada con estas políticas oficiales, ya sea por sus condiciones de trabajo, como por su educación en cuanto a ser parte de una sociedad que crecerá al compás de la recomposición de sus tejidos económicos y sociales.

En el plano nacional, pero vinculado estrechamente con la provincia de Buenos Aires y con su fuerza de seguridad, la última decisión del presidente Alberto Fernandez está a la altura de medidas como las de congelar y declarar como servicio público la TV, celulares e internet y la recientemente ingresada a debate parlamentario sobre “aporte voluntario” de los mas ricos.

Devolver a la Nación y derivar a la provincia el porcentaje de financiamiento excesivo con que Macri había beneficiado en 2016 a Larreta para que el jefe de gobierno despliegue su modelo con amplio sustento financiero, es una determinación estratégica del gobierno argentino.

Financiar con ese dinero de origen injusto las políticas sanitarias con las que Larreta perjudica al conurbano, merecían una respuesta como la que le ofreció el presidente a la población de Buenos Aires. Claro que este gesto de justicia que involucra al Estado mas rico de la Argentina, requerirá de una profundización en la relación del gobierno nacional con los gobernadores.

El centralismo porteño puede ser disminuido en tanto las provincias de todo el país sientan y vean la sostenibilidad que se requiere para igualar.

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