Por Maximiliano Borches.

La presencia intimidatoria de efectivos bonaerenses allí, hecha por el suelo el reclamo salarial, y comienza a transformarse en un acto de desestabilización política. Urge que se tomen urgentes medidas de sanción a los efectivos policiales que ponen en riesgo la paz democrática y llevan miedo a la población.

La peligrosa presencia intimidatoria de efectivos de la policía bonaerense, rodeando la Quinta de Olivos, donde vive el presidente Alberto Fernández, impuso un drástico giro político a una causa de recomposición salarial, y la torna desestabilizadora de la democracia.

Los gobiernos nacional y bonaerense no pueden permitir que esto suceda, y deben aplicar toda la fuerza de la ley contra estos efectivos insurrectos, quienes deberán pagar las consecuencias de rebelarse contra el Estado de Derecho y las normas constitucionales.

Si los mandatarios nacional y bonaerense, dejan pasar de largo este ataque a la democracia, demostrarán una peligrosa debilidad política que pagarán cada vez más cara a los largo de los tres años y medio de gestión que les queda.

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