Tanto en nuestro país, como en el mundo, el embarazo y el parto no solo no están exentos de los mandatos patriarcales, sino también son víctimas del ritmo acelerado del capitalismo y la necesidad de los institutos medicos de optimizar recursos y aumentar ganancias.
En la práctica, esto se traduce en violencia obstétrica, falta de apoyo por parte del personal de salud a las personas gestantes así como falta de asesoramiento para incentivar una decisión informada con respecto a las opciones de parto y postparto.
Según una encuesta realizada desde Las Casildas, agrupación feminista que difunde y visibiliza la violencia obstétrica, entre otros temas, al 76% de las personas embarazadas les cancelaron algún turno de atención médica desde el inicio de la cuarentena, y el 59% no recibió una alternativa para realizar otra consulta.
Además, el 49% de los nacimientos fueron inducidos y el 50% terminaron en cesáreas.
En la Semana del Parto Respetado, desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, impulsaron una campaña en redes sociales para concientizar sobre este tema, ya que la violencia obstétrica es también considerada violencia por motivos de género.
Desde la sanción de la Ley N° 25.929 sobre Parto Humanizado en 2015, los derechos de las personas gestantes se ven amparados por esta legislación, asegurando que las instituciones de salud tanto públicas como privadas deben brindar obligatoriamente determinadas prestaciones vinculadas al embarazo, parto y postparto.
Por otro lado, deben garantizar que la persona gestante reciba toda la información necesaria, teniendo en cuenta el enfoque cultural personal y las decisiones de la misma y que se le explique cada acción o intervención que realiza el personal de salud en el proceso.
Estos derechos deben seguir siendo fortalecidos durante el contexto de la pandemia, teniendo en cuenta los procesos de cuidado correspondientes pero sin vulnerar ningún tipo de derecho sobre el cuerpo de la persona gestante.