La polémica que los medios blindaron llegó a la justicia. El Gobierno porteño realizó una compra directa de 15 mil barbijos por la cual pagó 45 millones de pesos, $3000 por unidad. En ese sentido, el titular de ATE Capital, Daniel Catalano aseguró que «no sorprendió lo de Larreta, lo que sucedió es que publicaron en el boletín oficial que compraron 15 mil barbijos a 3 mil pesos cada uno. Cuando analizamos, la empresa tiene publicado que los mismos barbijos los vende entre 200 y 900 pesos, por lo que hay una irregularidad con nuestro dinero como sociedad a través del Estado» con lo que «hace Larreta en esta compra».
«Nosotros creemos que es un delito, y por eso hicimos la denuncia penal. Denunciamos por defraudación a la administración pública, por incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento. Además hay una relación parental con funcionarios de gobierno», afirmó el secretario general de ATE Capital en declaraciones a Radio Caput.
Además, legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) pidieron al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe sobre la compra de 15.000 barbijos «de alta eficiencia» a 3.000 pesos cada uno, ya que ese precio «supera ampliamente lo ofertado por otros distribuidores autorizados».
A través de un proyecto de resolución presentado en la Legislatura porteña, el bloque del FdT pidió al Poder Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires información sobre el proceso de compra y los criterios utilizados para la adquisición de 15.000 barbijos a la empresa Green Salud, que cuenta con «menos de un año de trayectoria» en la provisión de insumos sanitarios.
«Considerando los precios de proveedores locales, el costo por unidad de la compra realizada supera ampliamente lo ofertado por otros distribuidores autorizados de la firma 3M«, argumentaron los legisladores.
Por la misma compra, la dirigente de izquierda Celeste Fierro (MST-FIT Unidad) denunció ayer en la justicia contravencional al Gobierno porteño y afirmó que la adquisición fue «un fraude contra la administración pública penado por el artículo 174 inciso 5 del Código Penal, más ofensivo aún en medio de la pandemia».