El presidente Alberto Fernández firmó el DNU por el cual se les otorga a los gobernadores e intendentes de todo el país poder de policía para controlar el cumplimiento de los precios máximos en el marco de la Ley de Abastecimiento.
Asimismo el gobierno decidió que el estado no podrá comprar alimentos de primera necesidad para la distribución masiva cuyos precios superen los máximos establecidos por ley 10 días atrás.
La medida resuelta en la noche de este lunes por el gobierno apunta a poner límites a los excesos y abusos de parte de productores, distribuidores y comercios que aumentaron sus precios de manera exponencial desde el inicio.
Al mismo tiempo, supone una modificación de la Ley de Abastecimiento, dado que el gobierno central no dispone de todos los elementos y recursos humanos para su efectivo cunmpimiento, razón por la cual descentraliza ese poder para que se pueda aplicar de manera efectiva y segura en todo el territorio nacional.