El frente del edificio donde vive la médica.

La cuarentena ha mostrado su peor cara esta semana. Se conocieron casos donde copropietarios de propiedades horizontales dejaron mensajes amenazantes en espacios compartidos alertando a trabajadores de la salud que abandonen sus hogares porque «ponen en riesgo de contagio de coronavirus» a quienes habitan en el edificio

«Atento a su alto riesgo creado por su actividad se ha comunicado a la autoridad correspondiente la situación de riesgo generada en el edificio y que, hasta tanto se tome otra medida, se intima a evitar el tránsito y permanencia en zonas comunes así como tocar elementos tales como picaportes, barandas de la escalera, acceder a terraza y demás elementos atento a la gravedad de la pandemia», dice la nota que recibió una médica que vive en el tercer piso de un edificio del barrio porteño de Colegiales. 

«Caso omiso se le imputarán los delitos y/u omisiones en que usted recayera en virtud de lo normado por el capítulo VII y concordantes del Código Penal Argentino, reservando acciones de naturaleza civil y/o penal pudieran ser motivo de reclamo por su proceder, omisión, negligencia y/o impericia», concluye el texto sin sellos ni membretes que lleva por firma «Consorcio de propietarios», continúa la carta recibida por la profesional de la salud.

Rápidamente, el escrito se filtró en las redes sociales. Y en Twitter causó una fuerte indignación. Varios usuarios se quejaron por la actitud que ese grupo de vecinos mostró hacia la médica y la decisión de intimarla con la posibilidad de llevar la situación al fuero penal.

A raíz de la difusión de la noticia, la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su abogado Vadim Mischanchuk, radicó una denuncia penal contra los propietarios integrantes del consorcio para que se investigue «la comisión del delito de discriminación». Así, la causa quedó en manos de la justicia Penal, Contravencional y de Faltas porteña.

«Nos parece una barbaridad anticientífica y antidemocrática, porque es una discriminación a una ciudadana que encima después, si se enferma, lo tiene que atender», dijo.

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